El ministro denuncia ‘conservadurismo’ y ‘corporativismo’ en la decisión de la institución judicial
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha recurrido este lunes la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar su queja contra el juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Bolaños atribuye el archivo a un supuesto «conservadurismo» o «corporativismo» en la institución, y denuncia que el CGPJ no ha actuado con la agilidad necesaria para investigar lo que califica como «irregularidades ampliamente conocidas» en el proceso.
El ministro presentó su recurso tras denunciar que Peinado adoptó una «actitud objetivamente intimidatoria» durante su declaración como testigo en la investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno. Bolaños señala que el juez le advirtió en plena declaración que podía cambiar su condición procesal de testigo a investigado, una medida que considera «improcedente» y «únicamente intimidatoria». Según el ministro, esta actitud se mantuvo durante todo el interrogatorio, sin que existiera ninguna provocación previa.
El CGPJ archivó la queja tras 427 días de tramitación, un plazo que Bolaños califica de «prolongado» y «francamente limitado» en cuanto a diligencias practicadas. El ministro exige ahora reabrir el caso y profundizar en las presuntas irregularidades, incluyendo la filtración de resoluciones judiciales en el marco de la investigación a Begoña Gómez.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial, especialmente tras las críticas recurrentes de la oposición y sectores sociales sobre la independencia y transparencia de la justicia. El CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, tiene la potestad disciplinaria sobre magistrados, pero su actuación en este caso ha sido cuestionada por su lentitud y falta de respuesta a las denuncias presentadas.
Bolaños argumenta que las irregularidades denunciadas han causado «daño notorio e irreparable» al prestigio de la justicia, y que el CGPJ no ha cumplido con su obligación constitucional de garantizar la imparcialidad y rigor en el ejercicio de la potestad disciplinaria.
