El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, enfrenta presiones de Moncloa para dimitir mientras la justicia centraliza el caso
La Audiencia Nacional ha asumido este lunes la investigación sobre la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta, **Miguel Ángel Pérez Triano**, durante la crisis migratoria de julio, tras la inhibición del juzgado local. La jueza María Tardón liderará ahora el caso, que incluye los fallecimientos en la travesía y la organización de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.
El auto, firmado por la magistrada **María de la Luz Lozano**, justifica la centralización por la «conexión objetiva y subjetiva» entre ambas causas. La Fiscalía ya había solicitado la inhibición al considerar que ambos procedimientos —el de Ceuta y el principal de la Audiencia Nacional— forman una «misma secuencia fáctica y operativa». La resolución destaca que la investigación debe abarcar «todas las actuaciones en territorio español», incluyendo los fallecidos en el Estrecho.
Mientras, fuentes cercanas a Pérez Triano confirman que el delegado **sabe que ha perdido el apoyo de Pedro Sánchez** y recibe presiones para dimitir. Su entorno le ha advertido de «represalias» si no abandona el cargo, aunque él insiste en que «no hizo nada malo». La decisión final dependerá de cómo evolucionen las pesquisas judiciales, en un contexto donde las encuestas ya penalizan al Gobierno por su gestión en Ceuta.
El caso se enmarca en un escenario político tenso: **Juan Jesús Vivas (PP)**, presidente de Ceuta, ha reforzado su posición tras la crisis, mientras el CNI y las fuerzas de seguridad respaldan la investigación. La Audiencia Nacional, con competencia prioritaria por haber iniciado primero el caso, ahora analizará si hubo responsabilidades penales en la respuesta institucional.
La presión sobre Pérez Triano llega en un momento clave: la derecha supera los **200 escaños** en las encuestas, y el Ejecutivo evita solicitar formalmente su dimisión para no asumir la responsabilidad política. La jueza Tardón deberá determinar si los hechos investigados —incluyendo la ausencia de Pérez Triano durante las horas críticas— configuran delitos como prevaricación o abandono de puesto.
