El PP enfrenta el dilema de mantener aforado a Carlos Mazón mientras la causa analiza mensajes borrados de su móvil y el PSOE presiona en campaña
Nuria Ruiz Tobarra, jueza de la causa por la DANA en el juzgado de Catarroja, ha prorrogado seis meses la instrucción, hasta el 30 de abril de 2027, por la «complejidad extrema» del caso y la espera de una comisión rogatoria a Estados Unidos para recuperar mensajes borrados del móvil de Carlos Mazón, ex presidente valenciano. La decisión, notificada este lunes, mantiene viva la investigación hasta las puertas de las elecciones autonómicas de mayo, si no se adelantan.
La jueza justifica la prórroga en que «no es descartable» que los datos de WhatsApp —eliminados del terminal de Mazón— aporten pruebas sobre su posible responsabilidad en el retraso del ES-Alert durante la tragedia, que dejó 14 fallecidos. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por El Mundo confirman que, hasta ahora, no ha surgido ninguna prueba que vincule directamente a Mazón con ese retraso, algo que ya valoró el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana al rechazar su imputación.
El Partido Popular (PP) se enfrenta ahora a un dilema político: cómo gestionar la presencia de Mazón en sus listas electorales. El ex presidente, aforado como diputado autonómico, podría perder esa protección si se disuelven las Cortes Valencianas, aunque el PP podría situarlo en la Diputación Permanente para mantener su aforamiento. Sin embargo, las asociaciones de víctimas exigen su expulsión del partido, lo que añade presión interna.
Mientras, el PSOE y Compromís ya preparan usar el caso en campaña, especialmente contra el PP, que deberá decidir si incluye a Mazón en sus candidaturas. El propio Juanan Pérez Llorca, presidente valenciano del PP y candidato a la Generalitat, evita por ahora pronunciarse sobre las listas, aunque su entorno insiste en que la prioridad es su confirmación como cabeza de lista por Mariano Rajoy.
La investigación judicial, en paralelo, sigue su curso: Mazón comparecerá el 21 de septiembre ante la comisión del Congreso, mientras la ex consejera Salomè Pradas y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, lo harán el 28 de septiembre.
El contexto judicial: por qué la causa sigue abierta sin pruebas claras contra Mazón
La jueza Ruiz Tobarra elevó una exposición razonada al TSJ para imputar a Mazón, pero el tribunal la rechazó al considerar que no había indicios suficientes que vincularan al ex presidente con el retraso del ES-Alert. Sin embargo, la instrucción sigue abierta por otros frentes: la magistrada investiga si hubo obstrucción a la justicia al borrar mensajes del móvil de Mazón y si existió negligencia institucional en la gestión de la emergencia.
Además, la jueza enfrenta dos quejas presentadas por los investigados ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que han sido aplazadas. Mientras, el PP valora si Mazón podría ser testigo clave en la causa o si, por el contrario, su presencia en el proceso perjudica a la formación.
Las implicaciones políticas: ¿Cómo afecta la causa a las elecciones autonómicas?
La prórroga de la investigación hasta abril de 2027 coincide con el calendario electoral. Si las autonómicas se celebran en mayo, como está previsto, el PP deberá decidir si incluye a Mazón en sus listas. Las víctimas exigen su exclusión, mientras el partido evalúa el riesgo político de mantenerlo como aforado.
El PSOE y Compromís ya han anunciado que aprovecharán el caso para atacar al PP, especialmente en temas como la transparencia y la gestión de emergencias. Para el PP, el mayor problema no es solo judicial, sino interno: si Mazón pierde el aforamiento, el partido deberá decidir si lo expulsa o lo mantiene en un puesto secundario, lo que podría generar tensiones con las bases.
Mientras, la jueza sigue sin encontrar pruebas contundentes contra Mazón, pero la investigación avanza hacia su posible responsabilidad penal por otros delitos, como la posible omisión del deber en la gestión de la crisis. La presión política, sin embargo, ya es un hecho: en campaña, el caso de la DANA será un arma clave para los partidos de la izquierda.
La próxima comparecencia de Mazón ante el Congreso el 21 de septiembre podría aportar nuevos detalles, aunque su entorno insiste en que el ex presidente no tiene nada que ocultar.
El auto de prórroga subraya que la causa es de gran complejidad y su objeto de extrema gravedad, y vincula expresamente la necesidad de más tiempo a la respuesta pendiente de Estados Unidos a la comisión rogatoria. La jueza sostiene que no es descartable que la información solicitada al procedimiento pueda fundar la práctica de algún tipo de prueba relacionada con la investigación. Ese condicionante técnico explica que el calendario judicial dependa ahora de un trámite internacional y no solo de la actividad de las partes personadas en Catarroja.
En el plano institucional, la condición de aforado de Mazón como diputado autonómico obligó a la instructora a elevar exposición razonada al TSJ antes de poder imputarlo, un paso que el tribunal rechazó. Esa misma condición determina ahora el margen de maniobra del PP: el aforamiento se mantiene mientras conserve el escaño, de modo que la eventual disolución de las Cortes Valencianas abriría un escenario nuevo para su defensa procesal y para la estrategia electoral de la formación.
