La cifra de presos políticos alcanza el récord de 1.339 personas tras las últimas protestas por los apagones
Un 95% de los ciudadanos cubanos desaprueba la gestión de Miguel Díaz-Canel y su gabinete ministerial. Los datos proceden de una investigación difundida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El estudio constata que un 73% califica la labor gubernamental de muy negativa. A esa cifra se añade un 22% que la considera negativa. El respaldo hacia las autoridades de La Habana queda reducido a un 3% de la población.
El descontento social coincide con un aumento directo de la acción policial en las calles. Durante el mes de agosto, las fuerzas del orden ejecutaron 304 acciones represivas en el país. El recuento incluye 37 detenciones arbitrarias vinculadas a protestas ciudadanas por los constantes cortes de electricidad. La cifra total de prisioneros políticos bajo custodia estatal se sitúa en 1.339 personas, según los registros de Prisoners Defenders. Esta organización denuncia la práctica continuada de trabajos forzados y la falta de atención médica en los centros penitenciarios.
Las iniciativas de alivio diseñadas por la cúpula estatal no consiguen respaldo entre la ciudadanía. El 84% de los encuestados desconfía de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo. Solo un 6% confía en una recuperación derivada de estos planes oficiales. En paralelo, un informe de la Universidad de Harvard documenta un retroceso de 11 puntos en el producto interior bruto insular durante los últimos cinco años. Dicho análisis académico refleja además un desplome del 58% en la producción agrícola y la práctica desaparición del sector azucarero tradicional.
En el terreno diplomático, los contactos informales entre Washington y emisarios del entorno de Raúl Castro permanecen estancados. Las conversaciones exploraban un plan de estabilidad energética condicionado a un relevo en la presidencia de Díaz-Canel. El jefe de la legación estadounidense en La Habana, Mike Hammer, supervisa sobre el terreno el reparto de ayuda humanitaria canalizada a través de la Iglesia Católica. Pese al aislamiento y las dificultades de suministro, Díaz-Canel insiste en su línea de resistencia y rechaza cualquier injerencia externa sobre el modelo político de la isla.







