Mientras Gallardón declara en el juicio Lezo y el alcalde de Oviedo minimiza una agresión fascista, el Gobierno destraba expedientes de menores en Ceuta
Pedro Corbalán, CEO de Planifica Madrid, no comparecerá ante la Comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea de Madrid. El Partido Popular (PP) ha vetado su intervención, a pesar de que tanto el PSOE como Más Madrid la habían solicitado para esclarecer su implicación en la compra del ático de Chambera por 6,3 millones de euros. La decisión se adoptó en la mesa de la comisión, donde el PP tiene peso decisivo.
La negativa del PP ha sido interpretada por Más Madrid como un intento de evitar responsabilidades legales. Según fuentes del partido, el veto «demuestra que hay miedo a asumir las consecuencias jurídicas» de la operación inmobiliaria, que ya ha generado sospechas de irregularidades. El ático, adquirido en 2023 por la empresa pública Planifica Madrid, fue criticado por su precio y por la falta de transparencia en el proceso de adjudicación.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones políticas en la Comunidad de Madrid, donde el PP gobierna en solitario desde 2023. La compra del inmueble se produjo durante la etapa de Isabel Díaz Ayuso como presidenta, aunque la gestión directa correspondió a su equipo técnico. La oposición ha exigido durante meses que Corbalán aclarara su papel en la operación, pero hasta ahora el PP ha bloqueado cualquier avance en las comisiones parlamentarias.
Mientras, en otro frente judicial, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha declarado como testigo en el juicio del caso Lezo. El proceso investiga presuntos delitos de corrupción en la adjudicación de contratos durante su mandato (2012-2015). Durante su declaración, Manuel Cobo, diputado del PP y exvicealcalde de Madrid, acusó a Ignacio González —actual presidente de la Asamblea de Madrid— de orquestar una «operación política» contra Gallardón. Según Cobo, la investigación se centra en la compra de una empresa de aguas durante la etapa de Gallardón, aunque no ha aportado pruebas concretas.
La polémica por el caso Lezo se suma a la ya existente por la gestión de la vivienda pública en Madrid, donde el PP ha sido criticado por la opacidad en operaciones como la del ático de Chambera. Mientras, en el ámbito judicial, el Gobierno central ha destrabado los expedientes de menores en Ceuta tras un conflicto legal con la Fiscalía General del Estado. Según fuentes del Ministerio del Interior, los bloqueos se resolvieron el lunes, aunque persisten tensiones con Víctor Vivas, presidente del Parlamento de Cataluña, quien ha acusado a Marruecos de intentar influir en la votación de eurodiputados sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
En otro ámbito, el alcalde de Oviedo, Enrique Fernández (independiente con apoyo del PP), ha restado importancia a una agresión fascista ocurrida durante las fiestas de San Mateo. Fernández declaró que los agresores «no son tan mala gente», generando rechazo entre las víctimas y asociaciones vecinales. Rubén Rosón, una de las víctimas, criticó al regidor: «Un alcalde no puede justificar la violencia. Esto no está a la altura de las expectativas ciudadanas». La agresión, registrada el pasado jueves, ha reabierto el debate sobre el aumento de incidentes de ultraderecha en Asturias.
El caso de Oviedo refleja una tendencia preocupante: mientras los partidos de derechas minimizan actos violentos vinculados a la extrema derecha, las víctimas y colectivos sociales exigen medidas más contundentes. En Madrid, la falta de transparencia en operaciones inmobiliarias públicas y el bloqueo a comparecencias clave alimentan la desconfianza hacia la gestión del PP. Mientras, en Ceuta, la crisis migratoria sigue sin resolverse, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno central y las instituciones catalanas.
