Isidro Salcedo y Echevarría (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
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La Fiscalía insiste en la absolución de los 35 demandados y la devolución de 8,5 millones de euros en cautelas tras descartar fondos europeos en el caso
Manuel Martín-Granizo, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, ha exigido este lunes a la consejera Elena Hernanz aplicar la ley de amnistía a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, al presidente de ERCOriol Junqueras y a los otros 32 demandados por responsabilidad contable en el caso del 1-O y la acción exterior del Govern.
La medida supondría la absolución de todos ellos y la devolución de las cautelas impuestas, que suman 8,5 millones de euros (4,1 millones por el referéndum del 1 de octubre de 2017 y 5,4 millones por la acción exterior entre 2011 y 2017). La Fiscalía argumenta que el procedimiento está cubierto por la ley de amnistía y que no se utilizaron fondos europeos, como ya determinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El escrito, al que ha tenido acceso El Periódico, rechaza los plazos adicionales para alegaciones planteados por Hernanz en julio, tras la sentencia del UJUÉ. El fiscal considera «innecesarios» estos plazos porque tanto el UJUÉ como el informe del Abogado General descartaron el uso de fondos comunitarios en el caso.
La Intervención General de la Generalitat ya certificó que los fondos investigados procedían de «recursos propios» y no de la UE. Además, el fiscal recuerda que el auto de remisión inicial no mencionaba fondos europeos, algo que solo se planteó tras la aprobación de la ley de amnistía.
El fiscal insiste en que la tramitación de la amnistía es «preferente y urgente» y debe conducir a la absolución de los demandados, siguiendo la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró su constitucionalidad con esta salvedad.
El contexto legal: ¿Por qué el Tribunal de Cuentas insiste en la amnistía?
La ley de amnistía, aprobada en 2022, exime de responsabilidad penal a quienes participaron en el proceso independentista catalán de 2017. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas abrió un procedimiento de responsabilidad contable en 2019, centrado en los gastos del referéndum y la acción exterior del Govern.
La Fiscalía argumenta que, al tratarse de un procedimiento administrativo (no penal), la amnistía sí aplica. El Tribunal Constitucional ya estableció en 2023 que la ley no amnistía delitos, pero sí procedimientos como este, siempre que no afecten a fondos europeos.
El UJUÉ, en su sentencia de julio de 2024, confirmó que no hubo uso indebido de fondos comunitarios, lo que refuerza la posición de la Fiscalía. La consejera Hernanz, sin embargo, ha solicitado alegaciones adicionales, lo que retrasará una decisión final hasta finales de semana.
Las cifras clave: ¿Cuánto dinero está en juego?
Los 35 demandados (incluyendo a Puigdemont, Mas y Junqueras) enfrentan una deuda cautelar de 8,5 millones de euros:
4,1 millones por gastos del referéndum del 1-O (2017).
5,4 millones por la «acción exterior» del Govern (2011-2017), avalados por el Instituto Català de Finances.
La acusación particular, representada por Societat Civil Catalana, eleva la cuantía a 5,4 millones solo por los gastos del referéndum, pero la Fiscalía mantiene su postura original: la amnistía debe aplicarse.
El letrado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, ya defendió en julio que el procedimiento es «improcedente» y que la amnistía debe aplicarse. La consejera Hernanz aún debe pronunciarse, pero el pleno del Tribunal de Cuentas el próximo martes podría retrasar su decisión.
Las implicaciones políticas: ¿Qué se juega cada actor?
Para el Gobierno central, la aplicación de la amnistía en este caso reforzaría su postura de cierre definitivo al conflicto catalán. Sin embargo, sectores de la oposición, como el PP, podrían criticar la medida como un «premio» a los independentistas.
En Cataluña, ERC y Junts ven en la amnistía una victoria legal, aunque algunos sectores de la sociedad civil, como Societat Civil Catalana, la rechazan por considerar que no se ha aclarado del todo la procedencia de los fondos.
La decisión de Hernanz será clave: si aplica la amnistía, cerrará un capítulo abierto desde 2017. Si no lo hace, el caso podría alargarse meses más, con riesgos legales para los demandados.
El fiscal Martín-Granizo ha dejado claro que no habrá marcha atrás: la amnistía debe aplicarse, y la devolución de las cautelas es inminente si se sigue el procedimiento legal.
En su escrito, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas detalla que el informe del Abogado General, en su apartado 62, señala que el auto de remisión no recoge ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión o administrados por la Unión. Asimismo, subraya que la sentencia del UJUÉ, en su conclusión primera, se refiere a fondos que no provienen del presupuesto comunitario, lo que descarta de forma expresa que se hayan utilizado recursos europeos en los gastos objeto del procedimiento.
El documento también incide en que el propio auto por el que la consejera planteó la cuestión prejudicial, y que paralizó su sentencia, no contenía ningún elemento que pudiera sostener el uso indebido de fondos comunitarios. El fiscal recuerda que en ningún momento, salvo una vez aprobada la ley de amnistía, se ha puesto en cuestión que las investigaciones sobre los gastos indebidos tengan una procedencia distinta de la Generalitat de Catalunya, y ello a pesar de las actuaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y del propio Tribunal de Cuentas.
