Luis García (Zaqarbal) (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)
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La fiscalía insta a aplicar la ley para anular el procedimiento por desviación de 3,1 millones en el 1-O y la acción exterior del Govern
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha exigido este lunes a la consejera Elena Hernanz aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y los 32 demandados por responsabilidad contable en el 1-O y la acción exterior del Govern. La medida supondría su absolución inmediata y la devolución de las cautelas de 4,1 millones impuestas por gastos en el referéndum y otros 5,4 millones por la llamada ‘acción exterior’ (2011-2017).
La fiscalía argumenta que el procedimiento queda cubierto por la ley de amnistía, al no haber pruebas de uso de fondos europeos. El Tribunal de Justicia de la UE ya descartó en julio que se afectaran intereses comunitarios, según recoge el escrito al que ha tenido acceso El Periódico. La consejera Hernanz deberá pronunciarse antes de finales de semana, aunque el pleno del Tribunal de Cuentas del martes podría retrasar su decisión.
El fiscal califica de ‘improcedentes’ los plazos para alegaciones solicitados por Hernanz, al considerar que la sentencia del UJUÉ y el informe del Abogado General descartan el uso de fondos europeos. La Intervención General de la Generalitat ya certificó que los fondos investigados procedían de ‘recursos propios’, sin vinculación a la UE.
La aplicación de la amnistía requeriría la intervención de todas las partes, según el Tribunal Constitucional. Las defensas de los imputados —excepto Societat Civil Catalana, que aún no ha presentado alegaciones— ya han instado a Hernanz a seguir este procedimiento. El escrito de la Generalitat recuerda que las cautelas ascienden a 9,5 millones en total.
El caso se enmarca en el procedimiento abierto en 2020 por desviación de fondos públicos. El Tribunal Supremo y el propio Tribunal de Cuentas ya habían descartado en anteriores fases que los gastos investigados tuvieran origen en fondos europeos, aunque la fiscalía de Societat Civil Catalana elevó la cuantía a 5,4 millones.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha defendido la aplicación de la amnistía desde su entrada en vigor, argumentando que el procedimiento por responsabilidad contable abierto ante el órgano fiscalizador estaba recogido expresamente en la ley. En respuesta a la última alegación de la consejera Hernanz, el fiscal reiteró que la cuestión prejudicial planteada por la consejera, que paralizó su sentencia, no contenía ningún elemento que pudiera sustentar el uso indebido de fondos comunitarios, reforzando la posición de que la amnistía debe aplicarse sin dilación.
