El Gobierno negocia con Puigdemont un real decreto-ley para suspender ejecuciones hipotecarias de grandes tenedores, mientras el debate sobre protección a inquilinos y propietarios sigue abierto
Junts por Cataluña ha presentado al Gobierno una propuesta para suspender los desahucios cuando la vivienda pertenezca a fondos de inversión o grandes tenedores, como parte de las negociaciones por un nuevo decreto de vivienda.
La formación independentista, liderada por Carles Puigdemont, plantea además reforzar la protección de pequeños propietarios ante impagos de inquilinos vulnerables. En estos casos, reclama que la Administración cubra al propietario o, si no lo hace, permita continuar el procedimiento de desahucio. El texto forma parte de las conversaciones entre el Ejecutivo y Junts para aprobar un real decreto-ley antes del Consejo de Ministros del próximo martes.
El Gobierno necesita apoyos parlamentarios para sacar adelante la norma, en un contexto en el que los partidos mantienen posturas enfrentadas sobre cómo equilibrar la protección de inquilinos y propietarios. Mientras, el debate sobre los desahucios —especialmente los vinculados a fondos buitre— sigue abierto, con Junts como principal impulsor de medidas que afectarían directamente a grandes tenedores inmobiliarios.
La propuesta de Junts busca regular un problema recurrente en el mercado de alquiler: según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en 2025 se registraron más de 12.000 desahucios por impago en España, con un aumento del 15% respecto al año anterior. La medida, si se aprueba, supondría un giro en la política de vivienda del Gobierno, que hasta ahora ha evitado intervenciones directas en el mercado de alquiler.
El real decreto-ley, que se tramitará por urgencia, podría incluir otras medidas como la limitación de precios en zonas pensionadas o la ampliación de ayudas al alquiler. Sin embargo, su aprobación depende de los acuerdos con Junts, un socio clave en la tramitación parlamentaria, especialmente en temas como Cataluña.
El Gobierno ha señalado que la medida busca equilibrar la protección de los inquilinos con la necesidad de evitar la especulación inmobiliaria, y que la suspensión de desahucios se aplicaría únicamente cuando la vivienda esté bajo la gestión de fondos de inversión o grandes tenedores.
Además, la propuesta contempla que, en caso de que la Administración no cubra al propietario, se permita continuar el procedimiento de desahucio, garantizando así la continuidad del proceso legal.
