Sumar amenaza con romper la coalición si no se aprueba el texto el próximo martes; el desahucio de Maricarmen, de 87 años, acelera la negociación a contrarreloj
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, intenta cerrar un texto de consenso antes del Consejo de Ministros del martes para evitar un nuevo rechazo en el Congreso, donde PP, Vox y Junts ya tumbó el decreto en julio. La presión de Sumar —que exige aprobarlo «sí o sí»— y el impacto social del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada tras 70 años en su vivienda, obligan al Gobierno a negociar a contrarreloj con sus socios.
El PSOE prioriza un acuerdo previo con Junts, pero ERC critica que se negocia con los convergentes antes que con los partidos de izquierdas. Mientras, EH Bildu se muestra más flexible y Podemos exige medidas «radicales», como expropiar los 650.000 pisos de fondos buitre para alquiler social.
El decreto, paralizado en marzo por Sumar y luego bloqueado en el Congreso, busca regular el fraude en alquileres y garantizar estabilidad a inquilinos, pero choca con las exigencias de Junts —bonificaciones fiscales a caseros— y las reticencias de ERC, que reclama medidas contra la especulación.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó al PSOE de el Gobierno busca el acuerdo con Junts antes que con los partidos de izquierdas y advirtió: *»Si Junts no quiere votarlo, que se retraten y sigan hundiéndose en las encuestas»*. Desde Nueva York, Pedro Sánchez defendió las medidas como «sin color político» tras el desahucio de Maricarmen, un caso que ha movilizado a la opinión pública.
Las negociaciones, en marcha con todos los socios, incluyen cesiones a Junts que generan tensiones. Ione Belarra, líder de Podemos, calificó las propuestas del Gobierno de «maquillaje» y exigió «un paso radical». Mientras, Oskar Matute, diputado de EH Bildu, admitió que habrá que «asumir ciertas cuestiones» que no satisfagan del todo.
El Gobierno reconoce la «complejidad aritmética» por los vetos cruzados y busca un texto de consenso con «soluciones estructurales»: regular el fraude y movilizar vivienda asequible. La recta final de la legislatura y el cálculo electoral añaden presión.
El decreto, si se aprueba, evitaría nuevos desahucios como el de Maricarmen, pero su supervivencia depende de los acuerdos en el Congreso, donde Junts y ERC mantienen posturas enfrentadas.
El precedente del decreto tumbado en julio: cómo PP, Vox y Junts frenaron el texto inicial
El decreto de vivienda ya fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo, pero los ministros de Sumar paralizaron la reunión hasta que el PSOE aceptara incluir sus exigencias. Un mes después, el texto fue rechazado en el Congreso por PP, Vox y Junts, que alegaron «inconstitucionalidad» y falta de consenso. Aunque la Abogacía del Estado avaló su legalidad, el rechazo obligó al Gobierno a replantear el texto.
El nuevo decreto mantiene el objetivo de regular el fraude en alquileres —como los desahucios por multiplicación de precios— y garantizar estabilidad a inquilinos, pero choca con las demandas de Junts, que exigen bonificaciones fiscales a caseros para «movilizar vivienda». ERC rechaza estas medidas, mientras Podemos exige expropiar pisos de fondos buitre.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada tras 70 años en su vivienda, ha acelerado la negociación. El fondo que adquirió la propiedad multiplicó el precio del alquiler, un caso que ha movilizado a la sociedad y presiona al Gobierno para evitar nuevos casos similares.
El cálculo electoral y la presión de Sumar: ¿hasta dónde llegará el Gobierno?
Sumar ha transmitido al PSOE un mensaje claro: *»Después de un año negociando, se acabó el tiempo»*. La coalición exige aprobar el decreto «sí o sí» antes del próximo Consejo de Ministros, amenazando con romper la coalición si no se cumple. El desahucio de Maricarmen ha servido como detonante, pero el cálculo electoral también influye: votar en contra de estas medidas podría subir el precio político para los partidos.
El PSOE intenta negociar con Junts para salvar su veto, pero ERC critica que se prioriza a los convergentes. Gabriel Rufián acusó al Gobierno de el Gobierno busca el acuerdo con Junts antes que con los partidos de izquierdas y exigió que los republicanos catalanes no sean los últimos en enterarse de las concesiones.
Mientras, EH Bildu se muestra más flexible y admite que habrá que «asumir ciertas cuestiones» que no satisfagan del todo. Podemos, por su parte, exige medidas «radicales», como la expropiación de los 650.000 pisos de fondos buitre para destinarlos a alquiler social, algo que el Gobierno no ha incluido en el texto actual.
El decreto, si se aprueba, evitaría nuevos desahucios como el de Maricarmen, pero su supervivencia depende de los acuerdos en el Congreso. La presión de Sumar y el impacto social del caso obligan al Gobierno a negociar a contrarreloj, pero las divisiones entre sus socios complican el camino.
El texto final, si se logra, incluirá medidas para regular el fraude en alquileres y garantizar estabilidad a inquilinos, pero las exigencias de Junts —bonificaciones fiscales a caseros— y las reticencias de ERC podrían diluir su impacto. La recta final de la legislatura y el cálculo electoral añaden presión, pero el Gobierno insiste en que las medidas «no tienen color político» y buscan evitar «tragedias sociales» como la de Maricarmen.
