El Gobierno gallego rechaza aplicar fondos para zonas tensionadas y mantiene su recurso de inconstitucionalidad contra la norma de 2023
La Xunta de Galicia ha decidido no transferir a los ayuntamientos de A Coruña y Santiago de Compostela los 5 millones de euros asignados por el Gobierno de España para combatir la tensión en el mercado de la vivienda. En su lugar, la administración autonómica ha optado por gestionar directamente esos fondos, una medida que contradice la aplicación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que estableció la figura de ‘zonas pensionadas’ y obliga a su distribución a los municipios afectados.
Esta decisión se enmarca en el conflicto abierto entre la Xunta y el Gobierno central por la ley estatal de vivienda. El Ejecutivo autonómico, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma en su momento, alegando que vulnera competencias autonómicas en materia de vivienda. El bloqueo de estos fondos —que corresponden a la partida destinada a las dos ciudades gallegas declaradas zonas pensionadas— refuerza esa postura y añade un nuevo obstáculo a la implementación de la ley en Galicia.
La ley estatal de 2023, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, busca regular los precios en zonas con alta demanda y escasez de vivienda asequible. Sin embargo, su aplicación ha topado con la resistencia de varias comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), que consideran que invade sus competencias. En el caso gallego, la Xunta argumenta que la gestión directa de estos fondos le permite adaptar las medidas a las necesidades reales de la región, sin someterse a los criterios establecidos por el Estado.
El conflicto por las competencias en vivienda
El recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta contra la Ley 12/2023 no es un caso aislado. Otras comunidades, como Madrid o Andalucía, también han mostrado su rechazo a aspectos concretos de la norma, aunque sin llegar a impugnarla judicialmente. La ley establece mecanismos como la limitación de alquileres en zonas pensionadas, la obligación de los ayuntamientos de identificar estas áreas y la creación de un fondo estatal para su mitigación. Sin embargo, su aplicación práctica ha generado tensiones políticas, especialmente en regiones donde el mercado inmobiliario es clave para la economía local.
En el caso de Galicia, la decisión de la Xunta de retener los fondos destinados a A Coruña y Santiago no solo afecta a la ejecución de la ley estatal, sino que también pone en evidencia las diferencias en la gestión de la vivienda entre el Gobierno central y las autonomías. Mientras el Ejecutivo de Sánchez insiste en la necesidad de una regulación uniforme para evitar abusos en el precio de los alquileres, la Xunta prioriza su autonomía para diseñar soluciones adaptadas al contexto gallego.
¿Qué pasa ahora con los fondos?
Según fuentes de la Xunta, los 5 millones de euros bloqueados se destinarán a programas autonómicos de vivienda asequible, aunque aún no se ha detallado cómo se repartirán entre los municipios gallegos. La decisión ha generado críticas desde el Gobierno central, que considera que la retención de estos fondos perjudica a los ciudadanos de A Coruña y Santiago, que son los directamente afectados por la tensión en el mercado de la vivienda. Además, la medida refuerza la postura del PP en su crítica a la gestión de Sánchez, que ya ha acusado en varias ocasiones a las autonomías gobernadas por su partido de obstaculizar políticas sociales.
El conflicto también tiene un componente temporal: la ley estatal de vivienda entró en vigor en 2023, pero su aplicación efectiva ha sido lenta debido a estos roces competenciales. Mientras, los ayuntamientos afectados, como A Coruña y Santiago, se ven en la obligación de buscar alternativas para hacer frente a la subida de precios, sin el respaldo económico que les correspondería según la norma estatal. La Xunta, por su parte, mantiene su postura: considera que la gestión directa de estos fondos le permite actuar con mayor agilidad y sin las restricciones que impone la ley de 2023.
