La sentencia sienta un precedente legal para otros municipios que aplican tasas turísticas, mientras el sector hotelero analiza recursos
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado íntegramente la impugnación presentada por la Unión Hotelera Compostela contra la ordenanza municipal de tasas turísticas en Santiago de Compostela. La decisión, notificada hoy, confirma la legalidad de una normativa que ya ha permitido recaudar más de 1,14 millones de euros desde su entrada en vigor.
La ordenanza, aprobada en 2023 por el Ayuntamiento compostelano, establece una tasa por pernoctación en establecimientos hoteleros y otros alojamientos turísticos. Según datos municipales, la recaudación acumulada hasta la fecha supera los 1,14 millones de euros, una cifra que el consistorio destina a la mejora de infraestructuras turísticas y la gestión de los impactos del masivo flujo de visitantes.
La Unión Hotelera Compostela, que agrupa a más de 50 establecimientos hoteleros en la ciudad, impugnó la ordenanza en 2024 alegando que vulneraba la libertad de empresa y la competencia en el sector. Sin embargo, el tribunal ha rechazado todos los argumentos presentados, incluyendo la supuesta falta de proporcionalidad en la cuantía de la tasa.
La sentencia no solo valida la ordenanza compostelana, sino que sienta un precedente legal para otros municipios que han aplicado o están considerando tasas similares. Según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al menos 15 ayuntamientos en España han implementado tasas turísticas en los últimos tres años, aunque con resultados dispares en cuanto a recaudación y aceptación por parte del sector privado.
El alcalde de Santiago de Compostela, Martíño Noriega (PSdeG), ha celebrado la decisión como un «reconocimiento a la gestión responsable del turismo». «Esta ordenanza no es un impuesto al turismo, sino una herramienta para garantizar que los beneficios de la afluencia de visitantes se reinviertan en la ciudad», declaró Noriega en un comunicado. El consistorio ha anunciado que destinará los fondos recaudados a la mejora de la accesibilidad en el casco histórico y a la digitalización de servicios turísticos.
Por su parte, la Unión Hotelera Compostela ha anunciado que estudiará la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. «No compartimos la decisión, pero analizaremos las vías legales para proteger los intereses de nuestros asociados», declaró su portavoz, Javier Méndez. El sector hotelero compostelano, que representa alrededor del 30% de la capacidad hotelera de la ciudad, ha expresado su preocupación por el impacto en la competitividad frente a destinos sin tasas similares.
La ordenanza de Santiago de Compostela se enmarca en un debate más amplio sobre la sostenibilidad del turismo en ciudades con alta afluencia. Mientras algunos ayuntamientos, como Barcelona o Palma de Mallorca, han aplicado medidas similares con resultados controvertidos, otros optan por regular el sector a través de límites a la capacidad hotelera o restricciones a las plataformas de alquiler turístico.
El caso compostelano destaca por su enfoque en la recaudación directa a través de tasas, en lugar de impuestos indirectos como el IVA turístico. Según expertos consultados por ElectionLAB, este modelo podría ganar peso en municipios con presión turística intensa, aunque su viabilidad legal y social sigue siendo objeto de debate.
