El Ayuntamiento de PP y Vox destina ayudas legales a vecinos y reduce un 10% los alojamientos ilegales desde 2023
El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por PP y Vox, aprobará una línea de ayudas para que las comunidades de propietarios exijan unánimemente (3 de cada 5 votos) la prohibición de pisos turísticos en sus edificios. La medida, anunciada este jueves por la alcaldesa María José Catalá, incluye también asistencia jurídica gratuita para denunciar actividades hoteleras ilegales y multas de hasta 1.500 euros a guías turísticos que organicen grupos de más de 25 personas.
La iniciativa forma parte del Programa de Defensa del Vecino, que combina subvenciones para modificar estatutos con inspecciones reforzadas y una nueva ordenanza que limita el turismo low cost. Según datos municipales, los apartamentos turísticos ilegales han caído en 6.200 plazas desde 2023, mientras la estancia media de los visitantes sube un 10% y el gasto diario supera los 250 euros en más del 14% de los casos.
La normativa, la más restrictiva de España, prohíbe concentraciones nocturnas (como despedidas de soltero) y multa con 3.000 euros conductas vandálicas o exhibicionistas. Catalá contrastó este modelo con el anterior gobierno de Compromís-PSPV, al que acusó de priorizar el turismo masivo sobre la convivencia. La ordenanza de convivencia, en tramitación, regulará también rutas para bicicletas turísticas y prohibirá tuk-tuks en la medida que permita la ley.
El cambio de enfoque busca reducir el perfil low cost, que según la alcaldesa generaba problemas de convivencia. Las ayudas, gestionadas por el Colegio de Administradores de Fincas, cubrirán los costes legales para vecinos afectados. La medida llega tras meses de tensiones por la saturación turística en barrios como Ruzafa, donde el 40% de los pisos son alquileres vacacionales.
Dentro de las tres actuaciones del Programa de Defensa del Vecino, la primera contempla una línea de ayudas que permitirá a las comunidades de propietarios sufragar los costes de registro necesarios para incorporar el requisito de los 3/5 votos en sus estatutos. La segunda actuación ofrecerá orientación y asistencia a los vecinos que no deseen que su vivienda se convierta en un piso turístico, facilitando el acceso a los expedientes municipales y la información sobre los procedimientos. La tercera, a través del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, brindará asistencia jurídica para que los afectados inicien acciones penales contra la implantación de actividades hoteleras ilegales en sus comunidades.
