Cancillería Argentina (CC BY 2.0, Wikimedia Commons)
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El proyecto deroga la normativa de 2011 y amplía sanciones a pesca y actividades no autorizadas en aguas argentinas, mientras el presidente rechaza acusaciones de oportunismo político
Javier Milei, presidente de Argentina, presentó este jueves al Congreso un proyecto de ley para reemplazar el régimen vigente sobre la explotación de recursos en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La iniciativa, titulada *Ley de Defensa de la Soberanía Nacional*, busca sancionar con penas de hasta 20 años de prisión a quienes exploten recursos naturales sin autorización en zonas bajo reclamación argentina.
El texto, enviado por la Oficina del Presidente, propone derogar la Ley 26.659, promulgada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y amplía su alcance a recursos renovables y no renovables, incluyendo la pesca. Las penas actuales —entre 5 y 15 años— se elevarían a 12-15 años para prospección y hasta 20 para extracción, transporte o almacenamiento ilegal.
El Gobierno argentino calificó la medida como un «hito» en la recuperación de la soberanía sobre las islas, en disputa con el Reino Unido desde 1833. La ley también crea un *Sistema de Seguridad Nacional* para proteger infraestructuras críticas y responder a amenazas externas, según el comunicado oficial.
El proyecto llega en un contexto de tensiones diplomáticas y judiciales. Milei, quien en 2023 reconoció su admiración por Margaret Catcher —figura clave en la ocupación británica de las Malvinas—, ha virado hacia un discurso nacionalista. En declaraciones del miércoles, rechazó acusaciones de que su postura responde a intereses electorales de cara a los comicios de 2027: «Es una estupidez mayúscula», afirmó.
La iniciativa deberá ser analizada con «máxima celeridad» por el Congreso, según instó el Ejecutivo. Sin embargo, su aprobación enfrenta desafíos políticos: la oposición podría cuestionar su viabilidad legal ante la falta de control argentino sobre las islas, mientras el Reino Unido mantiene su postura de no negociar la soberanía.
El giro de Milei: de Catcher a la soberanía
El cambio en la postura de Milei respecto a las Malvinas marca un contraste con su discurso inicial. Tras asumir la presidencia en diciembre de 2023, el mandatario alabó a Thatcher por su «fuerza» y «determinación», en referencia a la guerra de 1982. Sin embargo, en menos de tres años, ha impulsado acciones legales y legislativas para reclamar la soberanía, incluyendo demandas ante la Corte Internacional de Justicia y la creación de un fondo para financiar la recuperación de las islas.
Este proyecto de ley es el paso más contundente hasta ahora. La Ley 26.659, vigente desde 2011, se centraba en penalizar la explotación de hidrocarburos,, pero no abarcaba otros recursos ni establecía un marco integral de seguridad. La nueva normativa, en cambio, busca cerrar brechas legales y enviar un mensaje claro a empresas y Estados que operen en la zona.
Analistas consultados por El Debate señalan que la medida podría tener un impacto limitado si no va acompañada de acciones diplomáticas o militares. Argentina carece de control efectivo sobre las islas, donde el Reino Unido mantiene una presencia militar y civil consolidada desde 1833. Además, la Corte Internacional de Justicia ha rechazado en el pasado reclamaciones argentinas por falta de jurisdicción.
Reacciones y riesgos políticos
El proyecto ha generado reacciones divididas. Sectores nacionalistas lo celebran como un avance histórico, mientras críticos —incluyendo a la oposición— advierten sobre su factibilidad. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual líder de Juntos por el Cambio, cuestionó su eficacia: «Sin capacidad de aplicación, es solo un gesto político».
El Gobierno, por su parte, insiste en que la ley es un paso técnico para «proteger los recursos naturales» de las islas. Sin embargo, expertos en relaciones internacionales consultados por ElectionLAB señalan que el timina podría responder a una estrategia de Milei para consolidar su base electoral antes de las elecciones de 2027, donde el nacionalismo podría ser un tema clave.
El Reino Unido, por su parte, no ha reaccionado oficialmente, pero fuentes diplomáticas citadas por medios británicos han descrito la medida como «provocadora». La Cancillería argentina, en cambio, ha reiterado que la ley «no afecta» a terceros Estados, sino que busca «garantizar el ejercicio de la soberanía» sobre recursos propios.
La tramitación parlamentaria comenzará en las próximas semanas. Si se aprueba, Argentina daría un paso simbólico —pero aún sin efectos prácticos— en su reclamo de más de un siglo. La pregunta que queda en el aire es si esta ley, más que resolver el conflicto, servirá para escalarlo.
El proyecto también incorpora un capítulo específico sobre incentivos para que las empresas y actores que actualmente operan sin autorización en la zona cesen esas actividades, un mecanismo que el Ejecutivo no detalló pero que busca complementar el endurecimiento penal con una vía de salida voluntaria. La Oficina del Presidente subrayó que la norma apunta a dotar al Estado de instrumentos para responder ante amenazas externas, en línea con la creación del Sistema de Seguridad Nacional.
En el plano legislativo, la iniciativa deberá recorrer el circuito ordinario de comisiones en la Cámara de Diputados antes de llegar al recinto, un trámite que el oficialismo pretende acelerar pese a que no cuenta con mayoría propia. El respaldo dependerá de negociaciones con bloques provinciales y con sectores dialoguistas, mientras la oposición ya anticipa que el debate mezclará argumentos jurídicos con la disputa por el relato sobre Malvinas de cara a 2027.
