AFRICOM Public Affairs Office (Public domain, Wikimedia Commons)
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La tragedia en Kordofán del Oeste, donde el grupo paramilitar explota recursos para financiar su guerra, expone la falta de seguridad en zonas bajo su control
Al menos 80 personas murieron el martes en el derrumbe de la mina de oro de Al Zara, en el estado de Cordobán del Oeste, según confirmó la televisión estatal sudanesa Sudan TV. Las operaciones de rescate continúan con equipos rudimentarios para localizar supervivientes bajo los escombros, mientras el balance oficial ya suma 55 heridos.
La mina, situada cerca de la estratégica ciudad de Al Nuhud, está bajo el control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentado al Ejército sudanés desde abril de 2023 en un conflicto que ha devastado el país y sus recursos naturales. La tragedia ha reavivado las denuncias sobre la ausencia de normas de seguridad en las zonas bajo dominio de las FAR, donde la explotación minera se convierte en una amenaza directa para los civiles.
La Red de Médicos condenó la negligencia que expuso a los trabajadores a riesgos mortales y exigió a las FAR detener las actividades mineras no reguladas. El grupo, liderado por Mohamed Hamman Dagalo (Remedí), controla algunos de los yacimientos de oro más productivos de Sudán, recursos que financian la compra de armas y la contratación de mercenarios para la guerra en curso.
El conflicto en Sudán ya ha causado la muerte de decenas de miles de personas y desplazado a 14 millones, según la ONU, convirtiéndolo en la peor crisis de desplazamiento forzado del planeta.
El oro de las FAR: cómo la minería ilegal alimenta la guerra
Las FAR, lideradas por Remedí, han convertido la explotación minera en una fuente clave de financiación para su conflicto con el Ejército sudanés. Según organizaciones internacionales y activistas, el oro extraído en zonas bajo su control se destina a la compra de armas y al pago de mercenarios, agravando la escalada violenta.
La tragedia de Al Zara refleja un patrón: las minas controladas por las FAR operan sin supervisión estatal ni protocolos de seguridad, exponiendo a los trabajadores a condiciones letales. La Red de Médicos advirtió que estas prácticas convierten la minería en un riesgo mortal, especialmente en regiones como Cordobán del Oeste, donde la guerra ha colapsado las infraestructuras básicas.
El llamado de la organización a detener las actividades no reguladas choca con la realidad: las FAR dependen económicamente de estos recursos. Mientras, la comunidad internacional mantiene un silencio relativo sobre el papel del oro en el conflicto, centrado en la ayuda humanitaria sin abordar las causas estructurales.
¿Qué sigue? La respuesta internacional y los desafíos humanitarios
La catástrofe en Al Zara podría presionar a la comunidad internacional a exigir un alto el fuego y un control independiente sobre las minas, pero hasta ahora las negociaciones de paz han avanzado lentamente. La ONU ya ha calificado la crisis sudanesa como una emergencia humanitaria global, pero la falta de acceso a zonas controladas por las FAR limita las acciones concretas.
En el corto plazo, las familias de las víctimas y los supervivientes enfrentan un futuro incierto: sin apoyo estatal ni garantías de seguridad, muchos podrían abandonar la región, agravando el desplazamiento masivo. Mientras, las FAR mantienen su control sobre los yacimientos, sin señales de que vayan a cumplir las exigencias de regularizar la minería.
La tragedia de Al Zara no es un caso aislado. Desde 2023, al menos 15 incidentes similares han sido documentados en zonas bajo dominio de las FAR, según informes de Human Rights Watch. Cada uno refleja la misma dinámica: explotación sin regulación, trabajadores sin protección y un conflicto que prioriza las armas sobre las vidas humanas.
