El INGESA, adscrito a Sanidad, es señalado por presiones a facultativos críticos con la falta de recursos en la ciudad autónoma
Una juez de Ceuta ha abierto diligencias por un presunto delito de coacciones contra responsables del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) tras denuncias de presiones a médicos que alertaban públicamente sobre el colapso sanitario en la ciudad. El auto, fechado el 16 de septiembre, ordena a la Policía investigar amenazas verbales y escritas —incluyendo expedientes disciplinarios— dirigidas a facultativos críticos con la gestión de recursos humanos y materiales.
La investigación, impulsada por el sindicato Manos Limpias, apunta directamente a dos cargos del INGESA en Ceuta: Jesús Lopera Flores, director territorial del organismo, y Mohamed Abdelkader Maanan, director médico de Atención Especializada. Ambos figuran en la documentación oficial del instituto como responsables actuales, dependientes directamente del Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García. A diferencia de otras comunidades autónomas, Ceuta y Melilla gestionan su sanidad pública a través del INGESA, un sistema estatal que evita transferencias autonómicas.
El sindicato Manos Limpias denunció que los médicos recibieron advertencias —tanto en reuniones como por escrito— para evitar que denunciaran públicamente las carencias del sistema. Según el auto judicial, estas presiones podrían constituir coacciones, un delito que la juez María Victoria Rodríguez Caro ha calificado como «presumible» en su resolución. La investigación incluye la identificación de los afectados y la recolección de declaraciones, aunque no especifica plazos.
El procedimiento llega en un contexto de tensión recurrente en Ceuta, donde la saturación sanitaria —agravada por la crisis migratoria— ha generado conflictos entre profesionales y la administración. Mientras, el INGESA mantiene en su organigrama a los dos cargos señalados, sin que hasta ahora se hayan adoptado medidas disciplinarias contra ellos. La juez ha delegado la investigación en el Cuerpo Nacional de Policía, que deberá determinar si hubo intención de silenciar críticas legítimas o un uso abusivo de la autoridad.
