La presidenta madrileña tacha de ‘bulo’ la polémica por alteración de prioridades quirúrgicas en 57 pacientes, mientras la oposición denuncia un patrón de ‘inhumanidad’
Isabel Díaz Ayuso ha calificado este jueves de «bulo del culo de la semana» la denuncia sobre la manipulación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal, atribuyendo la responsabilidad a un médico traumatólogo. Según la presidenta madrileña, este profesional —al que vinculó con «expedientes disciplinarios abiertos» y «agresiones» a su jefe— habría alterado las prioridades de 57 pacientes para operar casos menos complejos y reducir su carga laboral.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, confirmó ayer que el facultativo modificó «de manera irregular» los niveles de preferencia de los afectados, aunque aclaró que el centro detectó la irregularidad y lo apercibió por escrito. Matute descartó que se trate de un problema sistémico: «Es el comportamiento de un profesional concreto», subrayó, aunque admitió que ya se han abierto diligencias informativas para esclarecer los hechos.
La polémica estalló tras la publicación de El País, que reveló que dos responsables del hospital rebajaron la gravedad de pacientes en espera de cirugía para mejorar artificialmente los datos de las listas. La oposición madrileña, con Más Madrid y el PSOE-M, denunció un «patrón» de inhumanidad. La portavoz socialista, Mar Espinar, cuestionó cómo se pudo alterar incluso la gravedad de una «niña en riesgo de perder una pierna», mientras Manuela Bergerot (Más Madrid) tachó el caso de «criminal».
El conflicto se enmarca en una tensión recurrente por la gestión sanitaria en Madrid, donde el Gobierno regional ha sido criticado por retrasos en listas de espera y falta de transparencia. Según datos de la Consejería, el Ramón y Cajal atiende anualmente a más de 120.000 pacientes, con una media de 3.500 cirugías mensuales. La polémica llega en un contexto de presión por la saturación de los servicios públicos, agravada por el aumento demográfico y la reducción de plazas en centros concertados.
Durante el pleno, Ayuso también generó polémica al priorizar la atención a «un rumano» sobre «un español delincuente, okupa y que no respeta a los demás», una declaración que Vox criticó por «divisiva» y que la propia presidenta justificó como una defensa del «orden y la ley». La respuesta de la oposición refleja el calado político del caso: mientras el PP y la Comunidad defienden la actuación individual del médico, la izquierda insiste en que se trata de un síntoma de un sistema «rotundo y profundamente fallido», según Espinar.
