Manos Limpias denuncia inacción ante alertas del CNI sobre entrada masiva de inmigrantes y agresiones a militares
El Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta ha abierto diligencias contra el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, por un presunto delito de prevaricación omisiva.
El sindicato Manos Limpias presentó el 26 de agosto una denuncia en la que acusa a Pérez Triano de no actuar tras recibir alertas de los Servicios de Inteligencia sobre una entrada masiva de inmigrantes ilegales desde Marruecos. El escrito califica los hechos como un «delito contra la independencia y seguridad del Estado español».
La denuncia se amplió para incluir dos hechos adicionales: la agresión con lesiones a cuatro militares por parte de al menos tres marroquíes y las consecuencias de la presunta inacción, como la muerte de más de 100 personas en el intento de acceso a Ceuta, violaciones de menores, saqueos y contagios entre las fuerzas de seguridad. El sindicato se basa en la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante el Congreso el 25 de agosto, donde declaró que el CNI alertó el 29 de julio de que 180.000 personas se preparaban para entrar irregularmente en España desde Marruecos.
Manos Limpias considera que la actuación del delegado fue una «irresponsabilidad» e «imprudencia gravísima», al no impedir un ataque a la soberanía española. El delegado del Gobierno en Ceuta es el máximo representante de la Administración central en la ciudad autónoma.
La denuncia original fue presentada ante el Juzgado Decano de Ceuta, el mismo tribunal que ahora dirige la investigación, y el sindicato destaca que la falta de respuesta del delegado se produjo a pesar de la información específica proporcionada por el CNI, la cual se remonta al 29 de julio, justo antes del supuesto asalto.
En su intervención parlamentaria, la ministra de Defensa explicó que la alerta del CNI coincidía con la celebración del Día del Trono en Marruecos, lo que habría incrementado la probabilidad de una movilización masiva de inmigrantes, cifra que el sindicato señala como 180.000 personas.
