El juez Pedraz investiga gestiones de Leire Díez y Sofía Puente para agilizar la nacionalidad del exviceministro chavista, clave en el rastro de los 53 millones del rescate público
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido este jueves un nuevo atestado a la Audiencia Nacional que vincula por primera vez a la red de corrupción interna del PSOE —conocida como las ‘cloacas’— con el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros. El documento, entregado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso, analiza el expediente de nacionalidad española de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez e investigado en España por blanqueo de capitales vinculados a PDVSA.
La investigación policial se centra en correos internos de julio de 2020 y anotaciones de las agendas incautadas a Leire Díez, exmilitante del PSOE. Estos documentos revelan que Díez registró su actividad para presuntamente neutralizar causas de corrupción contra el Gobierno, incluyendo gestiones ante Santos Cerdán —entonces número 3 de Ferraz— para influir en jueces, fiscales y guardias civiles. Entre los objetivos, figura el expediente de nacionalidad de Villalobos, en el que también mostró interés Sofía Puente, hermana del ministro de Justicia Félix Bolaños y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Villalobos, detenido en España en 2017 por presunto blanqueo de 105 millones de dólares, presentó tres solicitudes de nacionalidad: dos por residencia (denegadas en 2020 y 2025 por antecedentes judiciales) y una tercera bajo la Ley de Memoria Democrática, concedida en abril de 2025. La UCO sospecha que Díez y el abogado Ismael Oliver —imputado en la trama— intentaron agilizar el proceso mediante contactos con Bolaños a través de Cerdán, incluso con una oferta de 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda para archivar causas contra Villalobos.
La conexión con el rescate de Plus Ultra surge porque 16 de los 53 millones públicos habrían derivado a estructuras societarias vinculadas a Villalobos, según pesquisas europeas. Este dinero, presuntamente procedente del saqueo de recursos venezolanos, es investigado por el juez José Luis Calama en paralelo. El atestado no confirma irregularidades en la concesión de la nacionalidad —denegada inicialmente por residencia—, pero documenta el interés institucional por un expediente de un investigado por corrupción internacional.
El Ministerio de Presidencia ha entregado los expedientes administrativos, subrayando que las denegaciones se basaron en requisitos legales. Sin embargo, la UCO sigue analizando quién accedió al dosier electrónico y en qué fechas, en el marco de dos causas abiertas: la de tráfico de influencias para favorecer a Villalobos y la del rastro del dinero del rescate. El caso ilustra cómo un expediente administrativo se ha convertido en pieza clave de dos investigaciones paralelas en la Audiencia Nacional.
