El líder de ERC celebra que el Tribunal Constitucional avale la ley, pero critica la resistencia judicial y pide su aplicación inmediata a todos los casos
Oriol Junqueras, líder de Ezquerra Republicana, ha exigido este lunes al Tribunal Constitucional (TC) que apruebe el próximo 6 de octubre la aplicación de la Ley de Amnistía del ‘procés’ y que se restituyan los derechos políticos a los condenados, incluyendo la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña. Lo ha hecho tras confirmarse que el TC encamina su aval a la amnistía de la malversación, tras aceptar el magistrado ponente, José María Macías, redactar una decisión favorable a su aplicación.
Junqueras ha asegurado en un mensaje en X que «ya no hay excusas» y que Europa ha confirmado que la represión no puede ser respuesta a un conflicto político. Su partido considera que la decisión del TC «confirma la solidez de la estrategia» seguida para lograr la amnistía y exige su aplicación «entera y sin más dilaciones», especialmente para los exmiembros del Govern que aún no han sido beneficiados por el Tribunal Supremo.
El líder independentista, que sigue inhabilitado hasta 2031 pese a su indulto, ha criticado que «la rebelión de los altos tribunales españoles contra la ley de amnistía hace dos años que dura». ERC insiste en que la política la deben decidir los ciudadanos, no los jueces, y pide que el TC actúe sin más demoras.
La Ley de Amnistía, aprobada en 2023, busca anular las condenas por delitos vinculados al ‘procés’ de independencia de 2017. El Tribunal Supremo se ha opuesto a su aplicación, especialmente en casos como la malversación, mientras que el TC ahora avala su cumplimiento. La decisión del 6 de octubre será clave para determinar si la ley se aplica en su totalidad o si persisten obstáculos judiciales.
El Tribunal Constitucional tiene como función resolver conflictos entre instituciones y garantizar la constitucionalidad de las leyes. En este caso, su decisión podría marcar un antes y después en el conflicto político catalán, con implicaciones directas para los partidos independentistas y el Gobierno central. La presión de ERC y Junts busca evitar que la ley quede limitada o bloqueada por interpretaciones judiciales.
