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Mar. Sep 22nd, 2026
Montero ve persecución política en el caso del consejero andaluz
La Moncloa - Gobierno de España (Pool Moncloa)
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La secretaria general del PSOE-A equipara sus retribuciones con las del presidente de la Cámara de Cuentas, nombrado por el PP

María Jesús Montero ha acusado hoy de «persecución política» la investigación abierta por la Cámara de Cuentas de Andalucía contra Antonio Manuel López Hernández, exconsejero socialista y expresidente del órgano fiscalizador entre 2011 y 2021.

La portavoz del PSOE-A en el Parlamento autonómico vincula el expediente —iniciado por asesorar a Begoña Gómez en un caso judicial que la llevará a juicio— con una estrategia de la derecha para desestabilizar al Gobierno andaluz. Montero equipara además las retribuciones de López Hernández con las del actual presidente de la Cámara, Manuel Alejandro Cardenete, nombrado a propuesta del PP.

El expediente, abierto en 2025, se enmarca en un contexto de tensiones entre la oposición y el Gobierno andaluz tras la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a Gómez por prevaricación. López Hernández, quien abandonó su cargo en 2021, fue vocal de la Cámara durante el mandato socialista y ahora enfrenta una investigación por posibles irregularidades en su asesoramiento a Gómez, quien fue presidenta de la Junta entre 2019 y 2022.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano independiente que fiscaliza el uso de fondos públicos, depende para sus nombramientos de una mayoría parlamentaria. Cardenete, actual presidente, fue designado en 2023 tras un acuerdo entre PP y Vox, partidos que controlan la mayoría en el Parlamento autonómico desde las elecciones de 2022. La defensa de Montero apunta a un patrón de «revancha política» contra figuras del PSOE vinculadas a casos judiciales.

El caso de López Hernández podría tener repercusiones en la estrategia del PSOE-A para las elecciones autonómicas de 2027, donde la gestión de la justicia y la percepción de impunidad serán temas clave. La equiparación de retribuciones, aunque no resuelve el fondo de la investigación, refuerza el discurso de Montero sobre una supuesta parcialidad en el órgano fiscalizador.

El expediente de información reservada que se abrió contra López Hernández se centra en las asesorías que el exconsejero prestó a Begoña Gómez, quien será sentada en el banquillo ante un jurado popular en el proceso que la condenará por prevaricación. Montero sostiene que la apertura de este expediente constituye una persecución política orquestada por la derecha, ya que el asesoramiento de López Hernández a Gómez se realizó en el marco de su gestión como presidente de la Junta de Andalucía.

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