El Gobierno local solicita tres parcelas de Instituciones Penitenciarias para aliviar la saturación, mientras el Estado analiza su uso como campamento de 2.000 personas
Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno de Ceuta, ha solicitado este martes al Estado la cesión de tres parcelas junto a la cárcel de Fuerte Mendizábal para habilitar 2.000 plazas de acogida de menores no acompañados. Los terrenos, propiedad de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior), están siendo evaluados por el Ministerio de Inclusión para un campamento de igual capacidad, pero la ciudad autónoma los reclama como alternativa urgente.
La medida responde a la saturación de recursos: la Policía Nacional identifica ya a 2.400 menores en la ciudad, aunque podrían ser más sin filiación. Las parcelas, alejadas de zonas residenciales, servirían para descongestionar las naves provisionales del Tarayal, según técnicos municipales. El Gobierno ceutí insiste en que no tiene información sobre los planes del Estado para estos terrenos.
El conflicto refleja la tensión entre competencias: Ceuta gestiona la acogida diaria, pero depende de Madrid para infraestructuras. Mientras, el Ministerio de Inclusión evalúa si los solares cumplen requisitos para su proyecto. La decisión podría definir si la ciudad amplía su capacidad o recurre a soluciones temporales.
El contexto es clave: Ceuta lleva meses en alerta por el aumento de llegadas. En 2025, el 40% de los menores en acogida eran no acompañados, según datos del Ayuntamiento. La solicitud de Ramírez —del PP— llega tras meses de críticas a la gestión estatal, aunque su partido gobierna en coalición con el PSOE.
Los tres solares se ubican justo al lado del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal y están cerca del actual centro de menores de Liniers, lo que facilita la logística de traslado y supervisión. El Ministerio de Inclusión ha señalado que, si los terrenos no se consideran adecuados para el campamento, la ciudad solicitará su cesión para ampliar sus recursos de acogida de menores no acompañados.
Los técnicos municipales destacan que la ubicación de los solares, lejos de zonas residenciales, cumple con los criterios de seguridad y accesibilidad requeridos para una instalación de esta naturaleza, lo que los convierte en una opción viable para aliviar la presión sobre las instalaciones provisionales existentes.
