El PSOE y el PP chocan en el Senado por la falta de adhesiones, mientras el Ministerio prepara incentivos y Canarias se ofrece como territorio piloto
El abono único de transporte público de 60 euros al mes (30 para menores de 26 años), en vigor desde enero, sigue sin extenderse a comunidades ni ayuntamientos. Solo cubre líneas estatales de Renfe y autobuses, pero el Gobierno calcula que desde su lanzamiento se han realizado 4,5 millones de desplazamientos. La falta de adhesiones de las autonomías —que gestionan el 62% del transporte público— ha provocado un debate en el Senado donde PSOE y PP se acusaron mutuamente de bloquear su expansión.
El senador del PSOE Ramón Morales defendió la medida como una herramienta que «facilita la vida cotidiana», pero el PP criticó que el Gobierno no haya reunido ni una vez a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en dos años. Francisco Bernabé, senador popular, tachó la iniciativa de «brindis al sol» y denunció que la Orden Ministerial de julio solo establece un «marco programático sin derechos ni obligaciones».
El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, trabaja en un protocolo de adhesión que incluye incentivos económicos y una plataforma tecnológica para reconocer títulos de transporte entre regiones. Sin embargo, ni una sola comunidad o ayuntamiento ha dado el paso aún. Canarias, gobernada por una coalición de PP y CC, se ofreció como «territorio piloto», pero advirtió sobre la gratuidad del transporte en el archipiélago y la falta de claridad en las competencias.
ERC y Junts también cuestionaron la financiación del proyecto. Josep Maria Reniu, senador republicano, preguntó directamente: *»¿Dónde está el dinero para costear estas inversiones?»*. Mientras, Greenpeace publicó un estudio que vincula la falta de integración del transporte urbano y autonómico con el freno del abono único, instando al Gobierno a activar los incentivos previstos y ampliar la flota para evitar colapsos.
La moción del PSOE para impulsar el abono en 2026 fue rechazada en el Senado (10 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones). El PP exigió negociar con los ayuntamientos, pero el Gobierno recordó que las conversaciones con las comunidades comenzaron en julio. La única adhesión concreta hasta ahora es la de Canarias, aunque su participación depende aún de resolver conflictos competenciales y económicos.
