IU advierte a Vox: su sabotaje podría paralizar la reforma educativa si rechaza la enmienda que protege el derecho suspendido por el Supremo
El grupo parlamentario de Sumar ha anunciado este martes que utilizará cualquier ley orgánica en tramitación en el Congreso para garantizar el derecho a voto de los afectados por la llamada *ley de nietos*, suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo. La estrategia incluye una enmienda ya registrada en la reforma de la Ley Orgánica de Educación, aunque Vox ha amenazado con frenarla por considerarla ajena al objeto de la ley.
El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, defendió la medida como una corrección urgente al fallo del Supremo, que paralizó el derecho a nacionalizarse por la *Ley de Memoria Democrática* de 2022 y una instrucción posterior del Ministerio de Justicia. Santiago advirtió a Vox de que su oposición podría bloquear la tramitación de la ley educativa, aunque Sumar espera primero la opinión de los letrados y la convocatoria de la ponencia correspondiente.
La enmienda, presentada la semana pasada, busca blindar el derecho a voto de los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil, un colectivo que el Tribunal Supremo suspendió mientras resuelve si la disposición es constitucional. Santiago insistió en que no hay «ningún tipo de inconstitucionalidad» en la propuesta y acusó a Vox de «sabotaje» político, recordando que, de no prosperar en la ley educativa, Sumar recurrirá a otros textos de rango orgánico.
El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno y la oposición por la gestión de la memoria histórica. Mientras Sumar apela a la urgencia de corregir lo que considera un «dislate judicial», Vox se alinea con la postura del Supremo, que cuestiona la retroactividad de la ley. La decisión final dependerá de si la ponencia de la ley educativa admite la enmienda o si Sumar logra apoyo en otros proyectos legislativos.
El derecho a voto de los *nietos* —aprobado inicialmente en 2022— se convirtió en un símbolo de la lucha por la memoria democrática, pero su suspensión por el Supremo ha reavivado el debate sobre los límites de las leyes de amnistía histórica. La estrategia de Sumar, sin embargo, enfrenta el riesgo de convertir la reforma educativa en un campo de batalla política.
