La dirección insular acusa a la Demarcación de Costas de «ensañamiento» y exige unidad majorera frente a la demolición de un símbolo histórico
Blas Acosta, secretario general del PSOE en Fuerteventura, ha declarado hoy la guerra abierta al Gobierno de Pedro Sánchez tras el intento frustrado de derribar la centenaria choza de la familia de Pascuala Roger en Cueva de la Negra (Pájara). La dirección insular socialista, en un giro sin precedentes, califica la actuación de la Demarcación de Costas —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por la socialista Sara Aagesen— como una «vergüenza nacional» y un «ensañamiento» contra el patrimonio etnográfico de la isla.
El conflicto estalla cuando la maquinaria policial y técnica movilizada para la demolición se vio frenada in extremis por problemas formales en los plazos judiciales y la presión del Ayuntamiento de Pájara, liderado por el socialista Alejandro Jorge. La familia Roger, de 80 años, lleva décadas habitando la vivienda, un símbolo de resistencia en la costa majorera. Para Acosta, el episodio refleja una «torpeza» institucional que amenaza con arrasar con el legado cultural de la isla, donde el 80% de los núcleos costeros enfrentan expedientes de regularización paralizados.
El PSOE insular no solo critica a Madrid: también exige explicaciones a la Dirección General de Costas de Canarias, gestionada conjuntamente por Coalición Canaria y el PP. Acosta denuncia que el Gobierno autonómico se limita a «fabricar titulares» sin resolver casos como los de Los Molinos, Giniginámar o El Puertito, donde la normativa estatal bloquea la propiedad privada. «No es prudencia, es cobardía política», advirtió, al tiempo que recordó que el PP tramita en el Congreso una proposición de ley para blindar estos asentamientos.
El episodio consolida a Fuerteventura como el frente más tenso del debate sobre la Ley de Costas. Mientras el PSOE local rompe la disciplina de partido para defender la choza —un gesto con alto costo electoral—, el PP apuesta por un estudio arqueológico urgente. La isla, sin visita de Sánchez desde 2018, se adentra en una batalla jurídica y política donde el litoral majorero se ha convertido en el nuevo eje de fricción institucional.
