El Gobierno niega listas negras, pero la FAPE denuncia un ataque a la libertad de prensa con seguimiento ideológico de profesionales
El Ministerio del Interior elaboró en 2024 un documento interno con fichas de al menos 150 periodistas —directores, columnistas y responsables de asociaciones como la FAPE—, según reveló este martes El Confidencial. El informe, calificado como «de trabajo» por el ministro Fernando Grande-Marlaska, incluye datos personales, fotos y comentarios sobre su adscripción política, aunque el Gobierno asegura que no busca «señalar ni censurar» a nadie.
El documento, que afecta a profesionales que cubren temas como Interior, Policía Nacional o Guardia Civil, ha generado rechazo unánime entre asociaciones periodísticas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) lo califica de «ataque directo a la libertad de prensa», al considerar que «vigilar y catalogar ideológicamente» a los informadores «condiciona» su labor. La Constitución española (artículo 20) garantiza este derecho, pero el informe —según fuentes del Ejecutivo— solo buscaba «conocer» la percepción sobre la actuación del ministerio.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió que el documento no es una «lista negra» y recordó que otros partidos, como Vox, han amenazado con «entrar con un lanzallamas» en TVE o «triturar» medios privados. Mientras, el PP ironizó: su líder, Alberto Núñez Feijóo, preguntó si Interior tenía «más información sobre periodistas que sobre una posible invasión marroquí». En el Congreso, el PSOE (a través de su portavoz Patxi López) exigió explicaciones, y Sumar y Compromís tacharon la práctica de «gravísima» y «fuerte», respectivamente.
El informe, de 2024, se enmarca en un contexto de tensiones recurrentes entre el Gobierno y medios críticos, especialmente aquellos que cuestionan la gestión de Interior. Aunque el ministerio insiste en que el documento es «informativo» y «sin distinciones», la FAPE advierte de que este tipo de seguimientos pueden generar «autocensura» en el periodismo crítico. El caso revive debates sobre la independencia de la prensa en España, donde episodios como la «ley mordaza» (2015) o las querellas contra periodistas ya marcaron precedentes de conflicto institucional.
