El Ejecutivo contacta con Rabat tras la orden verbal a un equipo de informativos de abandonar Castillejos sin justificación formal
El Gobierno español ha exigido este sábado a las autoridades marroquíes una explicación formal por la expulsión de un equipo de periodistas de RTVE de Castillejos (Fnideq), localidad próxima a la frontera con Ceuta, donde realizaban una cobertura sobre la situación social en la zona.
Fuentes de Moncloa confirmaron que la Embajada de España en Rabat mantiene «contacto permanente» con los afectados y con las autoridades marroquíes para «buscar una solución» al incidente. La respuesta del Ejecutivo llega tras la denuncia de RTVE, que calificó la medida de «obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa». El presidente de RTVE, José Pablo López, exigió plenas garantías para que los periodistas puedan trabajar en libertad en la zona fronteriza.
La orden de expulsión se comunicó de forma verbal al equipo de RTVE, sin que las autoridades marroquíes ofrecieran una justificación escrita. Según RTVE, el único argumento esgrimido fue «cumplir instrucciones», sin más detalles. Este episodio se produce en un contexto de tensión recurrente en la zona, donde la presencia de medios españoles ha sido restringida en ocasiones anteriores, aunque rara vez con esta falta de transparencia.
El Gobierno español, que ha reiterado su defensa de la «libertad de prensa en todo momento y en todas las partes del mundo», no ha especificado qué medidas concretas adoptará si Marruecos no rectifica. La relación bilateral entre ambos países, clave en la gestión migratoria y la estabilidad en el norte de África, podría verse afectada si el incidente no se resuelve de manera satisfactoria para ambas partes.
RTVE, como medio público, ha subrayado que la cobertura informativa en zonas fronterizas es esencial para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. La corporación recordó que, en 2024, otro equipo de la televisión pública fue retenido durante horas en la misma zona sin explicaciones, aunque finalmente pudo continuar su trabajo.
En este sentido, la situación actual se enmarca en el contexto de la Ley de Libertad de Información de 2013, que establece que los periodistas tienen derecho a acceder a la información pública y a realizar su trabajo sin obstáculos. La expulsión de los periodistas de RTVE podría considerarse una violación de esta ley, ya que impide a los periodistas realizar su trabajo en la zona fronteriza.
