El operativo traslada a los subsaharianos y magrebíes a centros temporales para evaluar sus solicitudes de asilo o iniciar devoluciones a Marruecos
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desalojado este jueves a las 7:30 horas a más de 3.000 migrantes de la playa del Trampolín, en Ceuta, mediante un dispositivo con 30 furgones que acordonó medio kilómetro de litoral. Los migrantes, procedentes del salto fronterizo del 30 de julio, llevaban una semana acampados en condiciones precarias, con un poblado improvisado de cañas y cartones.
El Ministerio del Interior trasladará a los migrantes —todos hombres— a cuatro centros de estancia temporal en construcción en Ceuta. Allí se evaluarán sus solicitudes de asilo, aunque la mayoría enfrentará procesos de devolución a Marruecos. La operación, considerada de alto riesgo, se desarrolla en un contexto de tensión: los migrantes recibían una sola comida diaria y vivían en condiciones «infrahumanas», según testimonios recogidos por El Mundo, lo que podría dificultar su colaboración.
Agentes con mascarillas rodearon el campamento al amanecer, mientras técnicos ministeriales y un traductor pidieron calma a los migrantes, que inicialmente se dispersaron, pero finalmente obedecieron la orden de sentarse. La playa del Trampolín, escenario recurrente de llegadas masivas, se ha convertido en un símbolo de la presión migratoria en la frontera sur, donde las devoluciones exprés a Marruecos son frecuentes desde el acuerdo bilateral de 2019.
Ceuta, con 85.000 habitantes, alberga actualmente a más de 5.000 migrantes en instalaciones provisionales, según datos de la Delegación del Gobierno. La ciudad autónoma, junto a Melilla, concentra el 80% de los saltos fronterizos irregulares en España, un fenómeno que se ha intensificado desde 2020, cuando Marruecos relajó los controles fronterizos como represalia por la hospitalización del líder del Frente Polisario en España.
El operativo coincide con la visita a Ceuta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prevista para este viernes, aunque el Ministerio no ha confirmado si el desalojo responde a una estrategia de «control previo» ante su llegada. La ley de Extranjería permite la devolución en 72 horas de migrantes que hayan entrado irregularmente, un plazo que el Gobierno suele agotar para evitar recursos judiciales.
Fuente: El Mundo
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