El Ministerio de Juventud e Infancia evita depender de las CC.AA. al mantener la tutela en Ceuta mientras organizaciones de infancia asumen la guarda en la península
El Gobierno de España ha puesto en marcha un plan para trasladar a 500 niñas migrantes no acompañadas desde Ceuta al resto del país, sin necesidad de transferir su tutela a las comunidades autónomas. La medida, anunciada por el Ministerio de Juventud e Infancia —dirigido por Sira Rego (Izquierda Unida)—, busca agilizar el reparto de los menores más vulnerables, entre ellos las niñas, mediante su acogida en recursos adaptados en la península gestionados por organizaciones de protección a la infancia.
El Ejecutivo mantiene así la tutela legal de los menores en Ceuta, mientras delega la guarda —responsabilidad física y asistencial— en entidades como Unicef, que asumirían su cuidado una vez en la península. Según declaró Lara Contreras, directora de Influencia de Unicef España, a EFE, esta fórmula pretende «facilitar el proceso de reparto» y evitar conflictos con las autonomías, especialmente aquellas gobernadas por el PP y Vox, que se han mostrado reticentes a asumir la acogida. El plan incluye también el real decreto ley para una acogida «vinculante y solidaria» por parte de las CC.AA. aunque el Gobierno no descarta otras vías para sortear su oposición.
La decisión choca con la postura inicial del Ejecutivo, que en los días posteriores al asalto masivo del 30 de julio en Ceuta —donde más de 2.000 migrantes, incluidos menores, cruzaron la frontera— priorizó el «reagrupamiento familiar» con Marruecos. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calificó entonces de «lógico» que los menores regresaran a su país de origen, mientras que Félix Bolaños, titular de Presidencia, insistió en que la «prioridad» era lograr que «todos y cada uno» fueran devueltos. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, matizó que solo se retornaría a quienes cumplieran los requisitos legales, dejando abierta la puerta a excepciones por decisiones judiciales o fiscales.
El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, advirtió a las comunidades autónomas que se nieguen al reparto, recordando que la Ley de Extranjería establece mecanismos «objetivos» para distribuir la presión migratoria. Su mensaje, dirigido especialmente a regiones gobernadas por el PP y Vox, subrayó que el Ejecutivo prefiere evitar «conflictos judiciales», pero no descartó recurrir a la vía legal si persiste la negativa. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reforzó este enfoque al asegurar que «Ceuta no está sola», citando los 25 millones de euros ya destinados a la ciudad autónoma para gestionar la crisis.
La oposición ha criticado duramente el plan. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó que el interés superior del menor —principio legal prioritario— se cumpla al separarlos de sus familias, y exigió su devolución a Marruecos. «Lo que conviene es devolver los menores a sus familias, y si no, al Estado que depende para que los tutele», afirmó. Por su parte, el diputado de Vox José María Figaredo tachó de «inexplicable» que no se priorice el retorno, acusando al Gobierno de eludir esta opción. La polémica refleja la tensión entre el Ejecutivo central y las autonomías, así como las contradicciones internas en la estrategia migratoria, donde la urgencia por aliviar la presión en Ceuta ha llevado a explorar fórmulas legales que esquiven el bloqueo autonómico.
