El Ministerio de Juventud e Infancia busca esquivar el veto autonómico transfiriendo la atención a entidades sociales sin ceder la tutela legal
El Ministerio de Juventud e Infancia prepara de forma urgente el traslado a la Península de unos 500 menores migrantes no acompañados acogidos en Ceuta a través de organizaciones especializadas en protección de la infancia, una vía concebida para operar en instalaciones adaptadas sin transferir la tutela legal a los gobiernos autonómicos. Esta fórmula operativa, confirmada por fuentes del departamento que dirige Sira Rego tras una información adelantada por la Cadena SER, busca dar salida a la sobreocupación de los centros asistenciales de la ciudad autónoma ante las reticencias manifestadas por ejecutivos regionales.
El dispositivo se centra de manera prioritaria en los perfiles de mayor vulnerabilidad, entre los que figuran las niñas migrantes, asignando su cuidado directo a entidades sociales peninsulares. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, permanece sobre el terreno en Ceuta desde el pasado domingo para coordinar técnicamente este plan integral, cuyos contingentes finales podrían experimentar variaciones numéricas a lo largo de su tramitación administrativa.
Esta alternativa asistencial convive con los mecanismos ordinarios que el Ejecutivo mantiene sobre la mesa, entre los que figura la vía regulada el pasado año mediante real decreto que establece la obligatoriedad de reparto entre comunidades cuando los servicios de Ceuta, Melilla o Canarias se encuentran saturados. El ministerio contempla asimismo la figura del acogimiento familiar junto a otras fórmulas destinadas a dinamizar las salidas de la ciudad norteafricana, en un escenario donde los servicios locales afrontan una fuerte presión de plazas.
El bloqueo político y la negativa del Partido Popular
La alternativa técnica diseñada por el Gobierno central para evitar la confrontación competencial con las autonomías ha chocado con la oposición frontal del Partido Popular. La portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, ha rechazado la propuesta ministerial insistiendo en que el interés superior de los menores pasa por su reintegración con sus familias o en las estructuras de protección de su país de origen.
La formación conservadora sostiene su postura en la consideración de Marruecos como país seguro en el marco de la Unión Europea para exigir la repatriación completa tanto de los menores de edad como de los adultos que entraron irregularmente en territorio ceutí. Esta posición descarta el aval del partido a cualquier mecanismo de distribución asistencial en territorio peninsular, independientemente de si la tutela administrativa recae o no sobre las administraciones autonómicas.
Marco legal de protección frente a los anuncios de retorno
El plan de reubicación impulsado por el departamento de Sira Rego evidencia las dificultades normativas que impiden ejecutar las declaraciones de diversos integrantes del Ejecutivo, quienes han venido reiterando su intención de que todas las personas llegadas irregularmente sean devueltas a Marruecos. El ordenamiento jurídico español y los convenios internacionales suscritos fijan garantías de protección para menores y solicitantes de asilo que limitan de forma estricta los retornos no voluntarios a terceros países.
La colisión entre el discurso de devolución generalizada y la legislación de infancia obliga a la administración central a buscar fórmulas extraordinarias de gestión directa con el tercer sector, en un intento de descongestionar las infraestructuras de Ceuta sin depender de la aprobación de los gobiernos autonómicos presididos por el Partido Popular o en coalición con Vox.
En este contexto, el papel de las organizaciones no gubernamentales y de protección a la infancia se vuelve crucial, ya que pueden ofrecer una alternativa para el cuidado y la atención de los menores migrantes, al mismo tiempo que se busca una solución a largo plazo para la situación en Ceuta. La colaboración entre el Ministerio de Juventud e Infancia y estas entidades puede ser clave para encontrar una salida a la crisis humanitaria en la ciudad autónoma, siempre respetando los derechos y garantías legales de los menores.
Además, la situación en Ceuta también pone de relieve la necesidad de una política migratoria más integral y coordinada a nivel europeo, que tenga en cuenta las necesidades y los desafíos de los países de la Unión Europea y de los países de origen de los migrantes. La cooperación internacional y la búsqueda de soluciones conjuntas pueden ser fundamentales para abordar los retos que plantea la migración irregular y garantizar la protección de los derechos humanos de todos los involucrados.
