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Rego aprueba crédito de 25 M€ a Ceuta para infancia migrante
Wikimedia Commons (Patricia Caro Maya)
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La ministra Sira Rego firma el acuerdo unánime que destina 25 millones a Ceuta y propone trasladar a la península unos 500 menores no acompañados

La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia aprobó hoy, 27 de agosto de 2026, un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a la ciudad autónoma de Ceuta para atender a la infancia migrante no acompañada.

El acuerdo se adoptó por unanimidad entre los miembros presentes; sin embargo, Extremadura, Castilla y León y Aragón se ausentaron y, según comunicaron por escrito, rechazaron el crédito.

El fondo podrá financiar alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socio educativo y servicios de traducción, cubriendo cualquier gasto necesario para evitar que los menores queden en situación de calle.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró que su departamento ha propuesto varias vías de actuación para que la atención y el desarrollo de expedientes se realice en la península, para atender con garantías a estos niños y niñas y se alivie la situación de Ceuta.

Rego recordó que existe un mecanismo de acogida urgente mediante convenios con comunidades autónomas y señaló que se ha planteado trasladar a la península alrededor de 500 menores, lo que permitiría continuar los procedimientos, incluida la reagrupación familiar, fuera de Ceuta.

Con la frase «Ceuta es España y todas las administraciones debemos actuar en consecuencia», la ministra instó a los gobiernos autonómicos a acoger el procedimiento, subrayando que la ayuda es urgente para normalizar la situación de la ciudad.

La sesión se celebró en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, donde la ministra Rego presidió la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, y se destacó que Ceuta ha estado asumiendo los costes de atención de la infancia migrante no acompañada en las últimas semanas, lo que ha generado una presión financiera significativa sobre la administración local.

Fuente: La Moncloa

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