El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, activa un plan de emergencia que evita el traslado inmediato a comunidades autónomas y prioriza la gestión de ONG en la Península
El Ministerio de Juventud e Infancia ha iniciado el traslado de unas 500 menores migrantes no acompañadas desde Ceuta a centros de acogida de urgencia, tras veinte días durmiendo al raso en condiciones insalubres y bajo la presión de asociaciones vecinales. El operativo, presentado como una «hoja de ruta de emergencia», evita por ahora derivar la tutela a las comunidades autónomas y plantea que organizaciones no gubernamentales asuman la acogida en la Península, según fuentes del departamento dirigido por Sira Rego (Sumar).
Las menores, que llegaron durante el cruce masivo por la frontera de El Tarayal, llevaban semanas en un polideportivo de la barriada de El Príncipe sin acceso a duchas ni condiciones básicas de salubridad. Hafida Mustafá, portavoz del campamento improvisado, había advertido que dejarían de protegerlas si no intervenían las instituciones, ante el riesgo de violencia sexual, explotación o trata. El anuncio del Gobierno llegó ayer por la tarde, horas después de que Mustafá denunciara el «abandono institucional».
El plan de choque, aún sin plazos definidos, replica el modelo aplicado en Canarias durante la crisis migratoria de 2023, cuando el Tribunal Supremo obligó al Ejecutivo a acoger a un millar de menores solicitantes de asilo. En este caso, sin embargo, el Gobierno ceutí —gobernado por Coalición por Ceuta (PP)— asegura desconocer los detalles del traslado y critica la falta de coordinación. Fuentes del área de Menores de la ciudad autónoma califican de «inviable» cualquier reubicación en la Península en este momento, al estar «totalmente desbordados» con las nuevas acogidas.
La decisión del Ministerio busca contener la crisis en Ceuta, donde la política migratoria española está bajo escrutinio europeo. Desde el salto masivo en la frontera, no se ha reubicado a ningún menor en otras regiones, pese a que el Gobierno central insiste en que el plan incluye un «reparto solidario» entre comunidades autónomas. La fórmula actual, basada en ONG, elude temporalmente el conflicto competencial con las autonomías, pero no resuelve la saturación de los recursos locales.
El operativo se enmarca en un contexto de tensión entre el Gobierno central y el ceutí, que ha acusado al Ejecutivo de «improvisación». Mientras, las asociaciones vecinales, que han cubierto el vacío institucional durante tres semanas, exigen garantías de que las menores no quedarán expuestas a nuevos riesgos. El Ministerio no ha precisado cuándo se completarán los traslados ni qué comunidades autónomas participarán en la acogida definitiva.
