La Policía desaloja al amanecer la playa ceutí por segunda jornada consecutiva, pero los jóvenes magrebíes regresan horas después exigiendo asilo
La Policía Nacional ha desalojado este viernes por segunda vez en 24 horas la playa de El Trampolín, en Ceuta, donde unos 500 migrantes magrebíes —llegados durante el salto masivo del 30 y 31 de julio— pernoctaban en tiendas de campaña tras ser realojados temporalmente el jueves.
El operativo, iniciado a las 7:30 horas, dispersó a los jóvenes sin ofrecer alternativas de acogida, a diferencia del día anterior, cuando 1.800 personas fueron trasladadas a recursos habilitados por el Ministerio de Inclusión. Aunque las autoridades retiraron las tiendas y limpiaron la zona, los migrantes regresaron al lugar horas después, levantando una decena de nuevas estructuras y pidiendo asilo
El Ayuntamiento de Ceuta había anunciado el nuevo desalojo para «aliviar» a los vecinos, que llevan tres semanas denunciando condiciones de insalubridad y saturación en la zona. Sin embargo, la medida no ha frenado el retorno de los migrantes, que malviven en colinas cercanas y en la propia playa, donde las chabolas —más de un centenar en su momento álgido— fueron desmanteladas el miércoles. Según fuentes del Ministerio, el primer desalojo fue «voluntario», lo que explicaría la persistencia de los jóvenes en el lugar.
La situación refleja la falta de soluciones estructurales para una crisis que se prolonga desde hace 23 días. Mientras, el Gobierno central mantiene activados recursos de emergencia, pero organizaciones humanitarias alertan de que cada rincón de Ceuta se ha convertido en un asentamiento improvisado, con migrantes exhaustos tras casi un mes en condiciones precarias.
El marco legal español establece que las solicitudes de asilo deben tramitarse en centros habilitados, pero la saturación del sistema —agravada por el salto masivo— ha dejado a cientos en un limbo administrativo. Aunque la mayoría de los magrebíes no cumple los requisitos para obtener protección internacional, su presencia en espacios públicos obliga a intervenciones policiales recurrentes, sin que se resuelva el fondo del problema.
