La Generalitat destinará recursos a comprar viviendas para afectados y creará un modelo de copropiedad con la administración para mayores de 40 años
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha anunciado este martes un fondo inicial de 25 millones de euros para adquirir viviendas ocupadas por personas en riesgo de desahucio, junto con un plan innovador de copropiedad con la administración para mayores de 40 años. Las medidas buscan evitar casos como el de Maricarmen, que ha movilizado protestas por el derecho a la vivienda en Cataluña.
El fondo antidesahucios permitirá a la Generalitat comprar inmuebles donde residen familias en situación de vulnerabilidad, evitando su expulsión. Según Illa, este mecanismo busca dar respuesta a una crisis habitacional que ha generado movilizaciones sociales. El plan incluye también la ampliación de los llamados «préstamos emancipación», aunque sin detalles concretos sobre su alcance.
La medida más llamativa es el modelo de copropiedad para mayores de 40 años con ingresos estables pero dificultades para acceder a una vivienda. La administración facilitaría la compra del piso, quedándose como copropietaria: el 50% de la propiedad a partir de los 40 años (con derecho a residir 50 años) y el 60% a partir de los 56 (con derecho a vivir como propietario 40 años). Se trata de una fórmula «inédita» en España, según Illa, que busca combinar seguridad habitacional con acceso progresivo a la propiedad.
Un plan con precedentes limitados y alto impacto social
El anuncio llega en un contexto de creciente presión por el derecho a la vivienda en Cataluña, donde el precio medio de los alquileres supera los 1.000 euros mensuales en ciudades como Barcelona. Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de desahucios en 2026, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025 reflejaban un aumento del 12% en ejecuciones hipotecarias respecto a 2024, con especial incidencia en zonas rurales y barrios periféricos.
El modelo de copropiedad, sin embargo, no tiene un marco legal definido en la legislación catalana actual. Illa no ha detallado cómo se articulará jurídicamente, aunque ha asegurado que se trabajará con el Departamento de Justicia para garantizar su viabilidad. La medida podría chocar con normativas urbanísticas autonómicas que limitan la intervención pública en el mercado de vivienda, especialmente en municipios con alta demanda.
La Generalitat busca rédito electoral en 2027 con la vivienda
Para la Generalitat, este paquete de medidas busca reforzar su imagen como gobierno cercano a los problemas sociales, especialmente en un año electoral. Las elecciones municipales y autonómicas de 2027 podrían verse influidas por el tratamiento de la crisis habitacional, un tema con alto peso en el electorado joven y de clases medias-bajas. ERC, socio de gobierno, podría apoyar la iniciativa, aunque sin asumir su financiación, mientras que Junts podría mostrar reservas por el coste fiscal, dado su perfil más liberal en materia económica.
En el ámbito opositor, PP y Vox criticarán probablemente el gasto público, argumentando que desvía recursos de otras políticas. El PP catalán, en particular, podría acusar a la Generalitat de «socializar» el problema de la vivienda sin soluciones estructurales, como la construcción de nuevos pisos en suelo público. Por su parte, Podemos y CUP podrían exigir ampliar el alcance del fondo y acelerar su implementación, pero sin aportar alternativas concretas de financiación.
El verdadero desafío será la ejecución: con 25 millones iniciales, la Generalitat podría adquirir entre 50 y 100 viviendas en zonas con precios moderados, pero el impacto real dependerá de cómo se gestione la demanda y de si otros ayuntamientos se suman al modelo. Illa no ha mencionado plazos, pero fuentes de su entorno apuntan a que el fondo podría estar operativo antes de final de año, siempre que se resuelvan las cuestiones legales pendientes.
