El Gobierno central responde con un ultimátum a Madrid: «Respeto al derecho de reunión» y acusa a Ayuso de no asumir competencias en vivienda
La Comunidad de Madrid ha lanzado un ultimátum al Gobierno central exigiendo el desalojo en 48 horas de la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado sábado. Si no se cumple, presentará un recurso contencioso-administrativo con medidas cautelares. La Delegación del Gobierno en Madrid, por su parte, ha confirmado recibir el requerimiento y ha advertido que «velará por la seguridad ciudadana» en la zona, aunque sin mencionar plazos concretos para el desmantelamiento.
El portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, calificó la acampada de «ilegal» y denunció la «impunidad» de su mantenimiento, acusando al Gobierno central de inacción. «La ilegalidad no puede seguir campando a sus anchas en Sol», sentenció. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, respondió exigiendo «respeto al derecho fundamental de reunión» y criticó a Isabel Díaz Ayuso por no asumir sus competencias en vivienda, un área clave para resolver el problema que ha derivado en la ocupación.
El conflicto se enmarca en un contexto de tensiones recurrentes entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid, especialmente en temas como seguridad ciudadana y gestión de espacios públicos. La Puerta del Sol, símbolo histórico de protestas en España, se ha convertido en el epicentro de una disputa legal que podría escalar si no hay acuerdo antes del plazo fijado. Mientras, el Ministerio del Interior no ha intervenido aún, lo que refuerza la percepción de García Martín sobre la falta de acción estatal.
La acampada, que agrupa a colectivos sociales y movimientos vecinales, reclama soluciones urgentes a la crisis de vivienda en Madrid. Su permanencia ha generado molestias entre comerciantes y turistas, aunque también ha contado con apoyo de sectores críticos con la gestión autonómica. La respuesta del Gobierno central, centrada en defender el derecho a la protesta, contrasta con la postura de la Comunidad, que prioriza la legalidad y el orden público.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha pedido a la presidenta regional que contribuya a la convalidación de los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros el día de hoy y a asumir sus competencias para dar solución al problema de la vivienda en la región. Asimismo, la Delegación ha señalado que continuará velando por la seguridad ciudadana en la acampada y por la protección de la Real Casa de Correos, considerada Bien de Interés Cultural y sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
