El Banco de España alerta de un déficit histórico en vivienda, con solo el 3% de parque público frente al 20% de Países Bajos
El Banco de España ha cuantificado en 600.000 viviendas el déficit acumulado entre 2022 y 2025, una cifra que refleja un drama social ya visible en ciudades como Madrid, Málaga o Ibiza, donde enfermeros, maestros y camareros conviven en autocaravanas o pisos compartidos.
La situación es insostenible: el precio del alquiler en España supera al de la hipoteca, un fenómeno inédito que, según el texto, retrotrae al país a la crisis de 2008. La escasez de vivienda social —solo el 3% del parque residencial, frente al 20% en Países Bajos o el 15-18% en Francia— agrava la presión sobre los pequeños propietarios, que ven cómo su única fuente de ingresos se vuelve inasequible para los más vulnerables.
El texto, firmado por un colectivo de afectados, acusa a los gobiernos de incumplir el mandato constitucional de garantizar una vivienda digna. Exige medidas urgentes: más parque público en alquiler, límites a los fondos buitre y una legislación estatal que distinga entre grandes tenedores y pequeños propietarios. La demanda de soluciones ya ha llegado a las calles de Madrid, con manifestaciones masivas, y se extiende a otras regiones.
Las administraciones tienen herramientas para actuar: el Gobierno central podría impulsar planes de vivienda ambiciosos, las comunidades autónomas ejercer sus competencias y los ayuntamientos usar su capacidad sobre el suelo. Sin embargo, el texto advierte de que la falta de un modelo claro ha dejado a España sin alternativas reales, mientras la brecha entre dignidad y pobreza se define por la imposibilidad de acceder a un techo asequible.
El déficit se concentra en las grandes ciudades y en las zonas turísticas especialmente pensionadas, donde la demanda de viviendas en alquiler para uso turístico ha incrementado la presión sobre el mercado y ha contribuido a la escasez de opciones asequibles para los residentes permanentes.
El Estado debe distinguir entre los grandes tenedores o fondos buitres y los pequeños propietarios, evitando que estos últimos tengan que asumir la obligación de los gobiernos de facilitar alternativas habitacionales a personas vulnerables, y establecer un marco regulatorio que limite la especulación y promueva la construcción de vivienda pública en alquiler.
