La saturación de causas por drogas y contrabando en Ayamonte, La Línea y Barbate obliga a reformar la ley y reforzar medios
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado hoy la creación de juzgados especializados en narcotráfico para Cádiz y Huelva, donde los órganos judiciales acumulan causas por tráfico de drogas, contrabando y blanqueo de capitales. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, justifica la medida por la sobrecarga de trabajo en partidos judiciales como Ayamonte, Moguer, Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, que superan los indicadores de carga del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La propuesta, que ya fue respaldada por el CGPJ en julio de 2024 tras un informe de inspección, busca evitar que estos procedimientos complejos —que incluyen escuchas, peritajes y comisiones rogatorias internacionales— se tramiten junto a asuntos civiles y penales ordinarios. Según datos del Poder Judicial, los juzgados afectados registran tiempos de respuesta superiores a la media andaluza y nacional, incumpliendo incluso los plazos legales de 12 meses para investigaciones, prorrogables hasta 18 meses.
El problema va más allá de la saturación judicial: los depósitos portuarios de El Puerto de Santa María y Algeciras almacenan cientos de narcolanchas intervenidas (80 embarcaciones y 150 motores en el primero, más de 300 cascos en el segundo), cuya destrucción administrativa —actualmente bloqueada por trámites judiciales individuales— podría agilizarse con una reforma del artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como proponen la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Cádiz.
La medida, que requeriría adaptar el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir competencias exclusivas a estos juzgados, sigue el modelo de especialización ya existente en otros ámbitos como Violencia sobre la Mujer o lo Mercantil. Sindicatos judiciales, por su parte, exigen también más plantilla y medios para sedes como Ayamonte, Barbate y La Línea, donde la delincuencia organizada opera con redes transfronterizas que escapan a la estructura territorial actual de la justicia.
