El Ministerio de Robles cuestiona la gestión posterior a la crisis y exige comparecencia de la directora del CNI en el Congreso
Margarita Robles, ministra de Defensa, ha escalado el conflicto con Fernando Grande-Marlaska por la crisis migratoria en Ceuta al cuestionar no solo los avisos previos del CNI, sino también la gestión posterior de la emergencia. Desde su departamento, se denuncia que los triajes —clave para determinar solicitudes de asilo o retornos voluntarios— avanzan con «demasiada lentitud» y proponen reforzar el personal de 50 a 150 funcionarios para agilizar el proceso. La oferta de apoyo militar, sin embargo, depende de una solicitud expresa de Interior, que hasta ahora no ha llegado.
El choque institucional se agrava en un contexto donde el PP ya denuncia retrasos en los procedimientos administrativos, y donde la jueza instructora del caso ha solicitado nueva documentación al Gobierno para esclarecer responsabilidades. Mientras, Robles exige que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comparezca ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para aclarar el papel de Inteligencia antes del 30 de julio, fecha del desbordamiento en la ciudad autónoma.
El Ministerio de Defensa insiste en que el Ejército ya actúa dentro de sus competencias, pero rechaza asumir funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin una petición formal. Fuentes del Gobierno, en cambio, matizan que incluso un refuerzo de personal en los triajes no resolvería el principal cuello de botella: la tramitación administrativa posterior, que depende de órganos civiles y no puede delegarse en militares.
La tensión entre ambos departamentos refleja una crisis de coordinación que trasciende lo operativo. Mientras Interior incrementa sus efectivos en vigilancia fronteriza y atención a migrantes, Defensa señala que la lentitud persiste en fases clave como la identificación de solicitudes de asilo. El PP ha sido el partido más crítico con esta demora, vinculándola directamente a la falta de agilidad en los retornos voluntarios, que solo se concretan tras descartar la protección internacional durante los triajes.
El precedente de julio: cuando el Ejército intervino sin ser solicitado
Este no es el primer roce entre ambos ministerios. El pasado 30 de julio, cuando la situación en Ceuta se desbordó, las Fuerzas Armadas desplegaron apoyo logístico y de infraestructuras sin que Interior lo solicitara formalmente. Sin embargo, en esta ocasión, Defensa condiciona cualquier ayuda adicional a una petición expresa, un protocolo que ya se aplicó durante la pandemia. La diferencia radica en que, ahora, el conflicto se centra en la gestión *posterior* a la crisis, no solo en los avisos previos.
El CNI había advertido sobre el riesgo de una entrada masiva de migrantes antes del 30 de julio, pero el Gobierno ha mantenido que los avisos fueron «genéricos» y no permitieron anticipar la magnitud del fenómeno. Robles, sin embargo, ha insistido en que la Inteligencia debía haber sido más explícita. La comparecencia de Casteleiro en el Congreso podría aclarar si hubo información concreta que no se trasladó a tiempo o si, simplemente, los avisos no se interpretaron correctamente.
¿Qué se juega cada actor?
Para Margarita Robles, la comparecencia de Casteleiro es clave para limpiar la imagen de Defensa y evitar que se le atribuya responsabilidad por la crisis. El PP, por su parte, ve en este enfrentamiento una oportunidad para debilitar al Gobierno, acusándolo de opacidad y falta de coordinación. Mientras, Fernando Grande-Marlaska se enfrenta a una presión doble: desde dentro del Ejecutivo, donde se le exige agilizar los procedimientos, y desde la oposición, que le reclama mayor dureza con Marruecos.
La jueza instructora del caso, por su parte, tiene en sus manos decidir si hay elementos para imputar a responsables políticos. Su solicitud de nueva documentación —que podría incluir informes clasificados— obliga al Gobierno a revisar qué materiales pueden desclasificarse. Esta decisión, según fuentes del Ejecutivo, deberá ser aprobada en el Consejo de Ministros, lo que añade una capa burocrática más al proceso.
El CNI, en medio de la polémica, se ve obligado a equilibrar su papel institucional con la necesidad de evitar una crisis política mayor. Si Casteleiro comparece, podría aclarar si los avisos fueron suficientes o si hubo fallos en su transmisión. Si no lo hace, el Gobierno quedará expuesto a acusaciones de opacidad, mientras que la oposición seguirá presionando para que se aclare qué pasó.
El triaje, el eslabón débil
El corazón del conflicto está en los triajes, un proceso administrativo que determina el futuro de miles de personas. Según datos del Gobierno, la mayoría de los retornos voluntarios se producen *tras* que los migrantes declaren en estos triajes que no quieren solicitar asilo. Sin embargo, la lentitud en este trámite —con solo 50 funcionarios trabajando— genera un efecto dominó: retrasos en la identificación de solicitudes de protección internacional, acumulación de casos pendientes y, en última instancia, una percepción de descontrol.
El PP ha sido el partido más contundente al denunciar estos retrasos. En declaraciones recientes, su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha exigido que se destinen más recursos a estos triajes, argumentando que «la lentitud es deliberada». Desde Interior, sin embargo, se insiste en que el problema no es la falta de personal, sino la complejidad de los procedimientos administrativos, que requieren decisiones judiciales y políticas que escapan a la competencia de los triajes.
La propuesta de Defensa —refuerzar de 50 a 150 funcionarios— choca con la realidad operativa: incluso con más personal, los triajes dependen de criterios legales y burocráticos que no pueden simplificarse de la noche a la mañana. Fuentes del Gobierno consultadas por 20minutos señalan que, en cualquier caso, «no es la solución mágica», pero tampoco descartan explorar fórmulas para agilizar estos trámites sin vulnerar el marco legal.
¿Qué pasa ahora?
El plazo para resolver la crisis en Ceuta se acorta. Mientras el PP presiona para que se declare el estado de emergencia, el Gobierno debe decidir si acepta el refuerzo militar en los triajes —aunque sea limitado— o si apuesta por acelerar los procedimientos administrativos desde Interior. La comparecencia de Esperanza Casteleiro en el Congreso, prevista para el próximo 6 de octubre, podría ser el primer paso para desbloquear la situación.
Sin embargo, el verdadero desafío no es solo logístico, sino político. Si el CNI no aclara su papel en los avisos previos, el Gobierno quedará expuesto a acusaciones de falta de previsión. Si, por el contrario, se demuestra que los avisos fueron insuficientes, la responsabilidad recaerá sobre los servicios de Inteligencia. En cualquier caso, la crisis en Ceuta ha dejado al descubierto una grieta institucional que podría tener consecuencias más allá de la gestión migratoria: ¿hasta qué punto los departamentos del Gobierno pueden (o deben) coordinarse en emergencias?
Mientras tanto, la jueza instructora sigue recabando información, y el tiempo se agota. La próxima semana será clave: si no hay avances en los triajes ni aclaraciones sobre el papel del CNI, la presión sobre el Gobierno —ya de por sí debilitado— aumentará. Y en política, como en una crisis migratoria, la lentitud suele ser el peor enemigo.
