El presidente andaluz asume que el modelo sanitario público, heredado de los 80, necesita una renovación integral para evitar su obsolescencia
El presidente de la Junta de Andalucía, **Juanma Moreno**, ha confirmado hoy el inicio de la reforma integral del **Servicio Andaluz de Salud (SAS)**, el mayor empleador público de la comunidad con más de **130.000 trabajadores** y responsable de gestionar **uno de cada tres euros** que invierte la Junta. La medida, anunciada hace casi un año, busca modernizar un sistema sanitario que Moreno calificó de «obsoleto» al responder a un modelo de los años 80.
El SAS, dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, es el pilar de la sanidad pública andaluza. Su reforma, presentada como un reto «inaplazable» para esta legislatura, afecta directamente a la estructura de un servicio que atiende a más de 8 millones de ciudadanos y que, según datos de la Junta, concentra el **33% del gasto sanitario público** de Andalucía. La apuesta por su renovación llega en un contexto de creciente presión sobre los sistemas autonómicos, donde la sostenibilidad financiera y la adaptación tecnológica son claves para evitar colapsos.
Moreno ya había adelantado en 2025 la necesidad de esta transformación, aunque sin detallar plazos ni medidas concretas. Ahora, con la legislatura en marcha, el Ejecutivo andaluz deberá definir cómo articulará esta reforma sin afectar a la prestación de servicios básicos, un desafío que podría requerir negociaciones con sindicatos y partidos políticos, especialmente con el PSOE, que gobierna en coalición en varias provincias andaluzas. La reforma también podría implicar cambios en la gestión de recursos humanos, un área crítica dado que el SAS emplea a más personal que la Administración General del Estado en Andalucía.
El anuncio llega en un momento en que otras comunidades, como Cataluña o Madrid, ya han impulsado reformas similares en sus servicios de salud, aunque con enfoques distintos. Mientras, en Andalucía, el SAS sigue operando bajo un modelo centralizado que data de la transición democrática, lo que ha generado críticas por su rigidez y falta de adaptación a las necesidades actuales. La pregunta ahora es si la Junta logrará ejecutar estos cambios sin generar tensiones sociales o burocráticas, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias.
