Entre 1,7 y 2,3 millones de puestos podrían desaparecer por la automatización entre 2025 y 2035, según Funcas y BBVA Research, mientras expertos advierten de que el sistema de cotizaciones sociales, basado en el empleo humano, quedará obsoleto
Francisco Rodríguez-Fernández, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, advierte hoy de que la inteligencia artificial (IA) podría dejar al Estado del bienestar español sin recursos: entre 1,7 y 2,3 millones de empleos podrían desaparecer en la próxima década, según cálculos de Funcas, mientras el sistema de pensiones y prestaciones sigue financiado casi exclusivamente por cotizaciones sociales vinculadas a puestos de trabajo humanos.
El informe «Inteligencia artificial y mercado de trabajo en España», publicado esta semana por Funcas, estima que la IA destruirá entre 1,7 y 2,3 millones de empleos brutos entre 2025 y 2035, aunque la creación de 1,61 millones de nuevas ocupaciones podría compensar parcialmente ese impacto, dejando una pérdida neta de unos 400.000 puestos. Sin embargo, el problema no es solo la destrucción de empleo, sino el modelo de financiación del Estado del bienestar: «Nuestra economía se construyó sobre una base tributaria que dependía del empleo y las rentas salariales», explica Rodríguez-Fernández a ElectionLAB. «Si la IA eleva la productividad,, pero desplaza renta del trabajo al capital, gravar solo al factor trabajo acabará ahogando la inversión que pretendemos proteger».
El riesgo es real: empresas tecnológicas como Google o Amazon generan beneficios comparables a los de gigantes industriales con una fracción de su plantilla, lo que reduce las cotizaciones sociales que financian pensiones y prestaciones. Adrián Todolí, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, propone modular el impuesto sobre sociedades según el empleo generado: «Las empresas que redistribuyan menos renta en salarios deberían pagar un tipo impositivo superior, con mecanismos europeos para evitar elusión fiscal».
El colapso del modelo actual: cotizaciones sociales vs. automatización
El sistema actual depende en un 90% de las cotizaciones sociales, que en los primeros siete meses de 2026 alcanzaron los 109.913 millones de euros, según datos de la Seguridad Social. Sin embargo, este modelo asume que la riqueza se genera principalmente a través del empleo humano. La IA, en cambio, concentra beneficios en manos de accionistas y dueños de capital, reduciendo la base tributaria vinculada a salarios. «No se trata de prohibir la IA, sino de regular cómo se distribuyen sus ganancias», advierte Fernando Rocha, director de la Escuela del Trabajo de CCOO.
El informe de Funcas subraya que el impacto dependerá de cómo se repartan las ganancias de productividad. Si las empresas reinvierten en automatización en lugar de crear empleo, el sistema de pensiones —ya en tensión por el envejecimiento poblacional— enfrentará un doble desafío: menos cotizantes y menos recursos. BBVA Research coincide en que, por ahora, no hay relación negativa entre exposición a la IA y destrucción de empleo, pero advierte de que «se trata de una fotografía inicial de un proceso aún incipiente».
Propuestas en la mesa: impuestos finalistas y cuotas empresariales
Ante la falta de consenso sobre un «impuesto a la IA», expertos como Alexandra Díaz Mordillo, autora del informe «Estado de Bienestar 4.0», proponen alternativas menos polémicas. Una opción es crear un impuesto finalista —es decir, un gravamen específico— destinado exclusivamente a financiar pensiones y prestaciones, que gravaría la capacidad económica de las empresas de forma lineal según su actividad. Otra vía sería una cuota empresarial adicional, vinculada al uso de tecnologías disruptivas, que no penalizara la innovación pero sí asegurara ingresos para el sistema.
Todolí añade que la movilidad de las empresas digitales —que pueden trasladar beneficios a paraísos fiscales incluso dentro de la UE— exige mecanismos internacionales para evitar la elusión. «Cuando los Estados no pueden frenar la fuga de capitales, necesitan acuerdos europeos que garanticen una contribución mínima», explica. El experto de CCOO insiste en que «las empresas que ganen más con la IA deben contribuir más», pero también reclama mecanismos de protección social para trabajadores afectados, como formación acelerada o subsidios transitorios.
¿Qué pasa si no se actúa? El escenario de riesgo
Sin reformas, el Estado del bienestar podría enfrentarse a un círculo vicioso: menos empleo humano significa menos cotizaciones, lo que obliga a recortar pensiones o subir impuestos a los trabajadores restantes. Rodríguez-Fernández advierte de que «no hace falta inventar un impuesto específico a la IA, sino adaptar el sistema tributario para captar las ganancias que hoy escapan». El desafío es doble: evitar que la automatización ahogue la demanda de empleo y, al mismo tiempo, garantizar que las nuevas fuentes de riqueza —como los beneficios de las plataformas digitales— contribuyan al sistema.
Mientras, las cuentas de la Seguridad Social siguen en equilibrio gracias al récord de afiliados —22,3 millones en agosto de 2026—, pero este escenario no es sostenible a largo plazo. Si la IA destruye 400.000 empleos netos en la próxima década, el sistema necesitará nuevas fuentes de ingresos que no dependan exclusivamente del trabajo humano. La pregunta es quién pagará el coste de la transición: ¿los trabajadores, las empresas, o una combinación de ambos?
Lo que está claro es que, sin cambios, el Estado del bienestar tal como lo conocemos podría quedarse sin recursos. Y el reloj corre: entre 2025 y 2035, la IA reescribirá las reglas del juego económico. La pregunta es si España estará preparada.
