Junts, ERC y CUP presionarán por la ley contra fondos buitre y la dimisión de Esther Niubó; el PP y Vox priorizan inmigración y rebaja fiscal
El Parlament de Cataluña abre esta semana el curso político con un debate de política general donde el Govern de Salvador Illa afrontará las mayores presiones en vivienda, educación y transporte. La crisis de acceso a la vivienda —con casos como el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años expulsada por un fondo buitre— será el principal foco, tras el pacto fallido entre ERC, Comuns y CUP para aprobar una ley contra la especulación.
ERC y Comuns, socios del Govern, exigirán avances en esa ley, mientras Junts y la CUP aprovecharán para reclamar la dimisión de la consellera de Educación, Esther Niubó, tras meses de críticas por el modelo lingüístico y la gestión de PISA. Junts, PP y CUP ya habían pedido su cese públicamente,, pero ERC y Comuns mantienen una postura más cautelosa. El debate también abordará la inmersión lingüística en catalán, con Junts y la CUP alertando sobre posibles sentencias judiciales que obliguen a reducir el uso del castellano en las aulas.
La oposición presionará sobre Rodales, el servicio ferroviario, tras reprobar en dos ocasiones a la consellera Sílvia Paneque por su gestión. Junts, PP y Vox insistirán en rebajas fiscales —con 71 votos que podrían sumar—, mientras Vox llevará al pleno su propuesta de «prioridad nacional» en inmigración, un concepto que el PP catalán, liderado por Alejandro Fernández, había cuestionado por su constitucionalidad pero que luego aceptó.
El Govern, por su parte, rechaza bajar impuestos y defenderá su modelo de financiación, en contraste con la propuesta de Junts de un «concierto económico» similar al vasco. La tensión entre Illa y Puigdemont —cuya formación depende de los votos de Junts en el Congreso para su reforma fiscal— añade un nuevo frente a la ya compleja agenda.
Durante el debate, los grupos parlamentarios también se centrarán en la situación del transporte público, señalando la necesidad de mejorar la conectividad y la seguridad en las líneas de Rodales y en la red de autobuses urbanos. Se espera que se presenten propuestas que busquen un equilibrio entre una mayor intervención pública en el mercado y medidas orientadas a incrementar la oferta y reducir la regulación, con el objetivo de aliviar la presión sobre los ciudadanos que dependen de estos servicios para su movilidad diaria.
