Mark Carney y Ursula von der Leyen definen áreas clave de cooperación: minerales críticos, defensa, IA y participación en Erasmus+ y Horizon Europe
Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, han abierto este jueves en Estrasburgo el camino para convertir a Canadá en el primer ‘miembro asociado’ de la Unión Europea, un estatus inédito que profundizará en la colaboración bilateral más allá del actual Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA). La propuesta, anunciada por von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, fue recibida con apoyo por Carney, quien detalló durante su intervención ante el Parlamento Europeo las áreas prioritarias de esta nueva alianza: autonomía estratégica en minerales críticos, defensa, inteligencia artificial, energía y movilidad de estudiantes y trabajadores.
Von der Leyen invitó a Canadá a ser el primer país en adoptar este nuevo estatus, que no implica una adhesión plena a la UE pero sí un marco de cooperación reforzada. Carney respondió que Ottawa ‘acoge con satisfacción’ la iniciativa y subrayó que ambas partes ‘son más fuertes juntas’, especialmente en sectores como la seguridad energética, la computación cuántica y los pagos transfronterizos. La propuesta incluye la integración de Canadá en programas clave como Erasmus+ y la próxima generación de Horizon Europe, además de aportaciones canadienses al suministro de gas e hidrógeno para la UE.
El nuevo estatus superaría al CETA, vigente desde 2017 en versión provisional, y permitiría a Canadá participar en áreas donde la UE busca autonomía estratégica, como la producción de minerales críticos (litio, cobalto, grafeno) y la capacidad industrial de defensa. Carney propuso también avanzar en un ‘comercio digital fluido’ de bienes no agrícolas y servicios, así como facilitar la movilidad de jóvenes entre ambos continentes. La iniciativa, aún en fase de definición, requerirá negociaciones técnicas para establecer sus contornos legales y operativos.
El CETA como precedente y límite
El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), firmado en 2016 y aplicado provisionalmente desde 2017, sirve como referencia para este nuevo estatus. El CETA eliminó el 98% de los aranceles entre la UE y Canadá, pero su alcance se limita al comercio de bienes y servicios, sin incluir áreas como la defensa o la cooperación científica. La propuesta actual amplía este marco a sectores estratégicos, aunque sin conceder a Canadá derechos de voto en las instituciones europeas ni acceso al mercado único. Von der Leyen ya había mencionado en 2023 la posibilidad de ‘asociaciones estratégicas’ con terceros países, pero esta es la primera vez que se concreta con un país concreto y con un estatus definido como ‘miembro asociado’.
Implicaciones políticas y económicas
Para la UE, este acuerdo refuerza su capacidad de respuesta en áreas críticas como la transición energética y la soberanía tecnológica, donde Canadá cuenta con recursos estratégicos (gas natural, hidrógeno verde) y capacidad industrial. Para Ottawa, la alianza ofrece un acceso preferente al mercado europeo —el mayor del mundo— sin los compromisos de una adhesión plena. Sin embargo, el estatus plantea desafíos políticos: en la UE, sectores como la agricultura o la pesca podrían oponerse a mayor integración comercial, mientras que en Canadá, partidos como el Bloc Québécois podrían cuestionar cesiones de soberanía en áreas como la defensa o la migración. La negociación técnica, que podría durar años, dependerá también del contexto geopolítico, especialmente de la relación entre la UE y Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden o su sucesor.
El anuncio coincide con un momento de tensiones comerciales globales, donde la UE busca diversificar sus socios frente a la presión de Washington. Canadá, por su parte, enfrenta elecciones federales en 2025, lo que podría condicionar el ritmo de las negociaciones. Mientras, la Comisión Europea ya ha iniciado consultas con los Estados miembros para evaluar el impacto de este nuevo estatus en sectores sensibles como la pesca o la agricultura.
En su intervención ante el pleno de la Eurocámara, Carney concretó que la futura alianza tendrá «un enfoque único y positivo» que ambas partes aún deben definir, y subrayó que la cooperación se articulará «aprovechando nuestras fortalezas comunes y basándonos en valores compartidos». El primer ministro canadiense asistió en la víspera al discurso sobre el Estado de la Unión como invitado de honor, un gesto sin precedentes para un líder de un país no miembro de la UE, lo que refuerza el carácter simbólico del acercamiento. Entre las áreas que enumeró para el nuevo estatus figuran también el espacio y los pagos, además de la IA y la computación, ámbitos en los que Ottawa y Bruselas buscan reducir dependencias externas y asegurar cadenas de suministro fiables.
La propuesta de un ‘miembro asociado’ se enmarca en la estrategia europea de ampliar su círculo de socios afines sin necesidad de una adhesión formal, un modelo que Bruselas ya explora con otros países vecinos. Para Canadá, este estatus permitiría participar en programas comunitarios de educación, investigación e innovación, como Erasmus+ y Horizon, y acceder a foros de coordinación en defensa y energía. La negociación deberá precisar, no obstante, cómo se financiarán las contribuciones canadienses y qué mecanismos de gobernanza se crearán para gestionar una relación que, por su novedad, carece de precedentes institucionales en la UE.
