Marlaska y Saiz piden a Bruselas un marco legal de emergencia para agilizar retornos y reconocen que el 90% de los migrantes ya han sido repatriados desde julio
El Gobierno español ha logrado que la Comisión Europea apruebe una ayuda de emergencia de **114,7 millones de euros** para reforzar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, pero los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Elma Saiz (Migraciones) han exigido este jueves a Bruselas un **marco legal europeo específico** que permita acelerar los procedimientos de retorno en situaciones excepcionales, como la llegada masiva registrada el **30 de julio** desde Marruecos.
La reunión en Madrid con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, **Magnus Brunner**, ha servido para trasladar la postura española sobre la necesidad de **suspender temporalmente los estándares habituales de protección internacional** cuando se produzcan crisis migratorias de esta magnitud. La presidenta de la Comisión Europea, **Ursula von der Leyen**, ya anunció este miércoles en su discurso sobre el Estado de la Unión que impulsará un **nuevo marco de emergencia** para casos como el de Ceuta, donde más de **20.000 migrantes** entraron irregularmente en un solo día.
Marlaska ha descartado cualquier **movimiento secundario** de migrantes desde Ceuta hacia la Península, algo que Italia alegó para justificar la suspensión temporal del espacio Schengen. «Es un riesgo y una preocupación infundados», aseguró el ministro, quien pidió a la Comisión que **desmienta estas falsedades** entre los países comunitarios. Según datos del Ministerio del Interior, **más del 90% de los migrantes que llegaron el 30 de julio ya han sido repatriados**, un porcentaje sin precedentes en la UE según Marlaska, quien subrayó que España **garantiza que no se produzcan desplazamientos internos** y cumple con el sistema de Dublín en materia de protección internacional.
El fondo europeo, aprobado en el marco del **Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)** y el **Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras**, destinará los recursos a **obras en los espigones de Benz y El Tarayal** (Ceuta), así como a la construcción de **dos nuevos Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)**, con **1.600 plazas en total** para ambas ciudades autónomas. Sin embargo, los ministros españoles han solicitado que la **excepcionalidad de Ceuta y Melilla** se tenga en cuenta en el próximo **Marco Financiero Plurianual (2028-2034)**, reconociendo el esfuerzo de España en una de las **fronteras exteriores más complejas de la UE**.
La cooperación con agencias europeas como **Frontex** y **Europol** sigue activa: la **Operación Minerva**, desplegada para reforzar la seguridad en la zona, se ha prorrogado hasta **finales de diciembre**, mientras que Europol ha enviado a Ceuta un representante de su **Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes** para supervisar redes sociales y combatir la explotación de personas.
El precedente de la suspensión de Schengen y la presión sobre Marruecos
La crisis de Ceuta ha reavivado tensiones con **Italia**, que suspendió el acuerdo de libre circulación de Schengen tras acusar a España de no controlar los movimientos secundarios de migrantes. Marlaska negó estas alegaciones y recordó que España **respondió con la misma medida**, aunque luego la revocó al demostrar que no había evidencia de desplazamientos masivos hacia el norte. La situación ha puesto de manifiesto las **limitaciones del sistema Dublín**, diseñado para distribuir la responsabilidad entre Estados miembros, pero que en casos como este **no permite reacciones ágiles** ante oleadas masivas.
Bruselas, por su parte, ha insistido en que la solución debe ser **europea**, no solo nacional. Von der Leyen advirtió que Europa necesita **medios para proteger sus fronteras**, especialmente cuando se usan **movimientos migratorios como arma política**, como denuncia España en relación con las tensiones con Marruecos. El Gobierno español ha evitado atribuir responsabilidades directas a Rabat, pero fuentes diplomáticas señalan que la crisis coincide con un **periodo de alta tensión** por el **Sáhara Occidental**, donde Marruecos ha intensificado su presión sobre el plan de autonomía propuesto por la ONU.
¿Qué se juega España en Bruselas?
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, esta crisis es una **prueba de fuego** en su gestión de fronteras y migración, un tema clave en las próximas elecciones europeas de **junio de 2027**. La aprobación de los fondos es un **éxito negociador**, pero la exigencia de un **marco legal de emergencia** busca sentar un precedente: si la UE no actúa con agilidad en casos como este, países como España podrían verse **abocados a gestionar crisis solas**, sin el respaldo comunitario.
El **Partido Popular (PP)** y **Vox** han criticado la gestión del Gobierno, pero desde la oposición no se ha presentado una alternativa concreta. Mientras, **Podemos** ha pedido más recursos para acogida, aunque sin cuestionar la línea de Marlaska. En el Parlamento Europeo, los grupos **PPE (centroderecha) y ECR (euroescépticos)** han mostrado escepticismo ante cualquier flexibilización de las normas de asilo, mientras que los **socialdemócratas (S&D)** apoyan la propuesta de Von der Leyen, siempre que se garantice el **derecho a la protección internacional**.
La clave ahora está en si la Comisión logra un **acuerdo rápido** entre los Veintisiete para este marco de emergencia. Si no es así, España podría **presionar unilateralmente** para aplicar medidas excepcionales, algo que Bruselas podría interpretar como un **incumplimiento de las normas comunitarias**. Mientras tanto, Ceuta sigue en alerta: con los CATE en construcción y los retornos en marcha, el desafío ahora es **evitar nuevas llegadas masivas** antes de que llegue el invierno, cuando las condiciones climáticas dificultan aún más la gestión.
