La Comisión Europea emplaza a 26 países, incluido España, a adaptar su legislación antes de noviembre o arriesgarse a sanciones
La Comisión Europea ha abierto este viernes procedimientos de infracción contra España y otros 25 países de la Unión Europea por no haber transpuesto a tiempo la directiva sobre hidrógeno y gases descarbonizados. Solo Italia ha cumplido el plazo legal, que vencía el pasado 5 de agosto. Bruselas envió cartas de emplazamiento a los 26 Estados, primer paso formal para exigir la adaptación de sus normativas nacionales a las nuevas reglas del mercado del gas y el hidrógeno.
La directiva, aprobada en 2024, actualiza las normas del mercado del gas natural en la UE e introduce un marco específico para las infraestructuras de hidrógeno. Su objetivo es impulsar el uso de gases renovables y bajos en carbono, garantizando al mismo tiempo la seguridad del suministro y precios energéticos asequibles. España y los otros 25 países afectados disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión, completar la transposición pendiente y notificarlo formalmente a Bruselas.
Si las respuestas no son satisfactorias, la Comisión podría avanzar en el procedimiento con un dictamen motivado, que podría derivar en sanciones. Este es el primer paso en un proceso que podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la UE si los países no actúan.
El contexto legal: ¿qué exige la directiva y por qué es clave?
La directiva sobre hidrógeno y gases descarbonizados forma parte del paquete legislativo europeo para descarbonizar el sector energético. Su transposición es obligatoria para todos los Estados miembros, pero su aplicación varía según las infraestructuras y necesidades de cada país. España, por ejemplo, cuenta con proyectos piloto de hidrógeno verde en regiones como Andalucía y Castilla y León, pero su desarrollo depende de la adaptación normativa.
El plazo inicial de dos meses para responder a Bruselas es un margen ajustado, especialmente para países con sistemas legislativos más lentos. La Comisión Europea ha insistido en que la demora pone en riesgo los objetivos climáticos de la UE, que requieren una transición acelerada hacia energías limpias.
¿Qué se juega España en este proceso?
Para España, la transposición de esta directiva es crítica por dos razones: en primer lugar, porque el país apuesta por el hidrógeno verde como parte de su estrategia de descarbonización, con inversiones previstas en plantas de producción y redes de distribución. En segundo lugar, porque un procedimiento de infracción podría afectar a su imagen como socio confiable en la UE, especialmente en un contexto de tensiones por otros temas, como la gestión migratoria.
El Gobierno español aún no ha reaccionado públicamente a las cartas de emplazamiento, pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han confirmado que se está trabajando en la adaptación normativa. Sin embargo, la presión de Bruselas podría acelerar un proceso que, en otros casos, ha requerido meses o incluso años.
La Comisión Europea ha sido clara: la demora en transponer esta directiva no solo afecta a la competitividad energética de los países, sino también a su capacidad para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo, que exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030.
