Podemos amenaza con abstenerse o votar en contra si el Gobierno no rectifica y exige expropiaciones y fin a pisos turísticos
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha calificado de «tomadura de pelo» el decreto de vivienda que prepara el Gobierno y ha advertido que su partido pedirá su retirada si finalmente se aprueba en el Congreso. En rueda de prensa, Belarra ha criticado que el texto no incluye «ni una sola medida estructural» y ha acusado al Ejecutivo de trocear las propuestas para «dejar caer» las más ambiciosas.
Belarra ha vinculado su postura con el desahucio de Maricarmen, la anciana desalojada en Madrid la semana pasada tras décadas en su vivienda. Según la secretaria general de Podemos, la respuesta del Gobierno a las movilizaciones «históricas» por el derecho a la vivienda es «lamentable». El decreto, en su versión actual, no contempla expropiaciones de inmuebles en manos de fondos buitre, el fin de los pisos turísticos ni un marco claro para el alquiler indefinido, medidas que Belarra considera «inaceptables».
El decreto se someterá a votación en el Congreso, pero Podemos aún no ha decidido si votará en contra o se abstendrá. Belarra ha condicionado su apoyo a que el texto se retire si finalmente se aprueba en su forma actual, exigiendo que se elabore uno «mejor». «Hay que escuchar a la gente y seguir el camino que marca la movilización social», ha afirmado, instando a mantener las protestas en la Puerta del Sol.
Belarra también ha criticado la estrategia del Gobierno de dividir las medidas en varios decretos, acusando al PSOE de buscar «el trágala» de partidos como Junts y PNV para aprobar las propuestas menos ambiciosas. «Esta vez el trágala tiene que ser para Junts y PNV», ha señalado, exigiendo que el PSOE priorice la unidad de la izquierda.
En declaraciones adicionales, Belarra aseguró que se dará tiempo a la movilización social y que, si al final se aprueba un decreto «parche», el partido pedirá su retirada para impulsar un texto más sólido. La secretaria general subrayó que la ciudadanía exige un plan integral que incluya expropiaciones, regulación de pisos turísticos y un marco claro para el alquiler indefinido, y que el Gobierno debe responder a esas demandas con medidas estructurales concretas.
