El BOE publica hoy las medidas urgentes que prohíben desahucios hasta 2030 y limitan alquileres, mientras la protesta se extiende a Barcelona y la oposición cuestiona su viabilidad parlamentaria
Centenares de personas han pasado la noche en la Puerta del Sol y en la plaza de Cataluña exigiendo al Gobierno que aplique los decretos de vivienda aprobados ayer, mientras la ministra Isabel Rodríguez afronta hoy un interrogatorio parlamentario sobre su gestión. Las acampadas, que ya suman cuatro noches, responden a la presión ciudadana tras el desahucio de Maricarmen, una octogenaria que recuperó su vivienda tras un acuerdo con la propietaria, pero que encendió el debate sobre la crisis de alquileres en España.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hoy el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que incluye medidas como la prohibición de desahucios hasta 2030, la limitación de subidas de alquileres y la prohibición de compra especulativa por fondos buitre hasta 2028. El texto, de 96 páginas, también regula alquileres turísticos y ofrece deducciones fiscales para inquilinos y bonificaciones para propietarios que reduzcan precios. Sin embargo, la oposición ya ha anunciado que cuestionará su viabilidad en el Congreso, donde se votará su convalidación este viernes.
Las protestas, que comenzaron el sábado tras la manifestación masiva en Madrid, se han extendido a Barcelona, donde una veintena de tiendas de campaña ocupan la plaza de Cataluña. Los acampados, que aseguran haber pasado la noche sin incidentes, reclaman que las medidas aprobadas no son suficientes. Artero, miembro de la Acampada Vivienda, calificó los decretos de «papel mojado» y recordó que durante la pandemia también se aprobaron normas que no evitaron desahucios. «No olvidemos a los colectivos más vulnerables: las racionalizadas, las que ocupan o las sin techo», advirtió.
Mientras, en el Congreso, Ezquerra Republicana, Junts, PNV y el PP han preparado preguntas urgentes a Rodríguez. Marta Madrenas, portavoz de Junts, cuestionó si el Gobierno puede «recuperar la confianza ciudadana» con políticas condicionadas por sus socios. Eduardo Carazo, del PP, centró su crítica en el encarecimiento de los precios, uno de los principales problemas para los ciudadanos. La ministra deberá responder hoy a estas preguntas, que darán paso a una moción no de ley en la siguiente sesión plenaria.
El Gobierno defiende las medidas como un avance para garantizar el «derecho fundamental a la vivienda», pero la presión social y parlamentaria ya obliga a Rodríguez a justificar su eficacia. Las acampadas, que podrían alargarse días, reflejan el malestar de un sector de la población que considera insuficientes las soluciones hasta ahora planteadas.
La crisis de vivienda, que ha llevado a miles de familias a situaciones de vulnerabilidad, se ha agravado con el aumento de precios en los últimos años. Según datos del Ministerio de Vivienda, el coste de los alquileres ha subido un 12% en 2026 respecto a 2025, superando en algunas ciudades los 1.500 euros mensuales para pisos de 60 metros cuadrados. Las medidas aprobadas buscan frenar esta tendencia, pero su aplicación real dependerá de la aprobación parlamentaria y de su ejecución en las comunidades autónomas.
Mientras, en la acampada de Sol, los participantes coreaban consignas como «O cae el kentismo o cae el Gobierno«, mostrando su rechazo a un sistema que consideran responsable de la crisis. Vecinos como Gemma, de 22 años, explicaron que su familia tuvo que mudarse del Papión a Molins de Rei por los precios insostenibles. «La inseguridad de no poder ser propietaria y la violencia de los desahucios nos han llevado a esto», declaró.
La oposición, por su parte, ya ha advertido de que los decretos podrían ser derogados si no logran el apoyo necesario en el Congreso. Con una mayoría absoluta formada por PP, Vox y Junts, el Gobierno enfrenta el riesgo de que sus medidas sean bloqueadas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con otras propuestas en materia de vivienda.
La situación refleja la tensión entre la urgencia social y la lentitud del proceso legislativo. Mientras los acampados exigen soluciones inmediatas, el Gobierno intenta equilibrar las demandas ciudadanas con las limitaciones parlamentarias. El resultado de la votación del viernes será clave para determinar si las medidas se aplican o si la crisis de vivienda sigue sin una respuesta efectiva.
