El PP recurrirá la decisión de la Mesa de la Comisión de Educación, que avala tramitar la enmienda pese al informe de los letrados que la consideraba incongruente con la norma
La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso ha aceptado este miércoles tramitar la enmienda de Sumar que busca blindar el derecho a voto de los nacionalizados por la conocida como ‘ley de nietos’. La decisión ha salido adelante con los votos de PSOE y Sumar, que tienen mayoría en ese órgano, y con el rechazo del PP.
El texto se incorpora así al proyecto de ley que modifica la Ley de Educación de 2006 y la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia. Es decir, una norma educativa sirve de vehículo para una materia electoral y de nacionalidad, algo que los servicios jurídicos de la Cámara Baja habían cuestionado en un informe.
El PP ha confirmado que recurrirá la decisión. Fuentes de Génova sostienen que la tramitación supone aceptar de forma tácita que la instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, estaba al margen de la ley. La formación de Alberto Núñez Feijóo también tiene representación en la Mesa de la Comisión de Educación y ha votado en contra.
Qué pedían los letrados del Congreso
El informe de los servicios jurídicos, recogido por Europa Press, señalaba que la enmienda se presentó sin adjuntar justificación alguna. Los letrados constataban que su tenor literal «resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar». Añadían que no existía «el mínimo punto de conexión material» entre el objeto de la ley educativa y el contenido de la enmienda.
El informe recordaba que el Reglamento del Congreso no contiene reglas que limiten el contenido de las enmiendas. Sí lo hace, en cambio, la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que las enmiendas al articulado deben ser congruentes con el objeto y la finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente.
Los letrados advertían de que, si no se respeta esa congruencia, se podría estar ante una vulneración del artículo 23 de la Constitución, el relativo a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo. Esa circunstancia, según el informe, debía ser ponderada por la Mesa de la Comisión de Educación.
Quién firma la enmienda y por qué se presenta ahora
La enmienda la presentó Enrique Santiago, diputado de Sumar, el socio minoritario de la coalición de Gobierno. Su objetivo es asegurar el derecho a voto de los nacionalizados por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’.
El detonante fue la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho de sufragio a los beneficiarios de esa ley. La suspensión no afecta a quienes acrediten que son descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura.
Vox registró un escrito para pedir que la enmienda de Sumar no se admitiera a trámite. La consideraba una enmienda intrusa, la figura del argot parlamentario para las enmiendas ajenas al contenido de la ley que tramitan. Los servicios jurídicos avalaron esa tesis en su informe, aunque el documento no era vinculante y dejaba la decisión final en manos de la Mesa.
El recorrido que le queda a la enmienda
El siguiente paso es debatir la enmienda en ponencia, junto al resto de enmiendas registradas a la ley educativa. Si logra apoyo suficiente en ese primer trámite, se incorporará al informe que se elevará a la Comisión de Educación. Si no lo logra, Sumar puede seguir defendiéndola para que se apruebe en comisión o en el Pleno.
El PP sostiene que la admisión de la enmienda demuestra que tenía razón al denunciar que la instrucción del Ministerio de Justicia para aplicar la ‘ley de nietos’ iba más allá de lo previsto en la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Según los populares, esa instrucción abría un nuevo supuesto para conceder la nacionalidad a descendientes de españoles que no se hubieran exiliado por los motivos sociales y políticos que prevé la norma.
Los populares añaden que, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, se recibieron muchas más peticiones de nacionalidad que las presentadas tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, que también abrió la puerta a nacionalizaciones. En ese contexto, reprochan a PSOE y Sumar que hayan decidido despreciar el criterio de los letrados e imponer su mayoría en la Mesa de la Comisión de Educación.
