El registro judicial confirma que el Gobierno autonómico intentó avisar del colapso migratorio en julio, pero Madrid ignoró nueve llamadas antes de que la crisis estallara
El Gobierno de Ceuta intentó alertar en 10 ocasiones a la Presidencia del Gobierno entre el 27 y el 30 de julio sobre el inminente colapso migratorio en El Tarayal,, pero solo recibió respuesta en la última llamada, cuando la crisis ya era insostenible. Así lo confirma el registro de llamadas —obtenido por El Mundo y que será aportado a la Audiencia Nacional— que desmiente la versión oficial de Moncloa, que hasta ahora había negado la gravedad de las advertencias.
Las llamadas, todas desde el móvil del jefe de gabinete del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, estaban dirigidas a Diego Rubio, su homólogo en Moncloa y responsable de crisis. La primera se produjo el 27 de julio a las 8:39 horas, con una duración de 6 minutos. Le siguió otra a las 13:07 horas, de 3 minutos. A partir de ahí, Ceuta intentó contactar en siete ocasiones más sin éxito: tres llamadas consecutivas el mismo lunes 27 por la noche (a las 20:57 horas), y cuatro al día siguiente (28 de julio), entre las 8:12 y las 8:16 horas, cuando la avalancha de migrantes ya era inminente.
El 30 de julio, cuando la situación se había convertido en un «ataque híbrido» según expertos en inteligencia, Moncloa respondió por fin. Rubio atendió el teléfono durante 1 minuto, pero entonces ya era tarde: la frontera estaba desbordada. La juez María Tardón, que investiga los hechos, ha recibido estos registros como prueba en el marco de la declaración de Vivas este miércoles 30 de septiembre ante la Audiencia Nacional.
El contexto: Ceuta, con una capacidad oficial para 8.000 migrantes, recibió en julio un flujo masivo de personas que cruzaban el Estrecho de Gibraltar. El Gobierno autonómico, liderado por Vivas (PP), denunció entonces una falta de coordinación con Madrid, mientras el Ejecutivo central —dirigido por Pedro Sánchez— tachó los hechos de «asalto» y activó el artículo 155 para asumir el control de la ciudad. La crisis dejó al menos 12.000 personas varadas en la zona, según datos de la ONU, y desencadenó una investigación judicial por presunta negligencia en la gestión de fronteras.
Lo que se juegan ahora: la Audiencia Nacional analizará si hubo responsabilidad penal por parte de las instituciones. Mientras, el PP ceutí exige una comisión de investigación parlamentaria, y Vivas ha reiterado que Madrid «sabía» del riesgo pero «no actuó a tiempo». Moncloa, por su parte, insiste en que las llamadas no prueban una «omisión deliberada», aunque el registro judicial contradice su versión inicial de que no hubo alertas previas.
