El alto tribunal gallego anula la suspensión municipal y la Xunta estudia reclamar los costes de un contrato de 20 millones ya adjudicado
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha estimado el recurso de la Xunta contra la sentencia que avalaba la anulación, por parte del Ayuntamiento de Vigo, de la licencia urbanística concedida en noviembre de 2024 para construir un centro de asociacionismo en los antiguos juzgados de la ciudad. La resolución, fechada el 11 de septiembre, revoca la sentencia de primera instancia y deja sin efecto esa suspensión. El fallo sostiene que la decisión municipal carece de justificación legal y que no se cumplen los requisitos para retirar un permiso ya otorgado.
La cronología del caso arranca en febrero de 2024, cuando la Xunta solicitó la licencia para edificar el centro en la calle Lalín, en uno de los edificios de los antiguos juzgados. En el otro inmueble ya se había construido el centro de salud Olimpia Valencia. En julio de ese año, el Ayuntamiento requirió a la administración autonómica una nota registral sobre la titularidad del inmueble. La Xunta respondió que no constaba inscripción registral y aportó una certificación del inventario de bienes autonómicos donde figura el edificio. Semanas después, en noviembre, la concejal de Urbanismo, María José Caride, otorgó la licencia.
El giro llegó en enero de 2025. El Ayuntamiento anunció la suspensión de esa licencia con el argumento de que era una medida temporal mientras se aclaraba la titularidad del inmueble. La Xunta cuestionó la decisión y defendió que la parcela le fue traspasada por el Gobierno central, que figura inscrita en el Registro de Bienes autonómicos y que el Ejecutivo gallego ha estado pagando el IBI desde entonces.
El TSJG cuestiona que el Ayuntamiento dudara después de conceder la licencia
La sentencia del alto tribunal gallego repasa el origen de la parcela. En 1982 el Ayuntamiento autorizó al Ministerio de Justicia a construir los juzgados, pero no consta ningún procedimiento de cesión o enajenación. El Tribunal aprecia que existió «complacencia o consentimiento implícito» por parte municipal. Sobre ese punto, el TSJG subraya que el Ayuntamiento tuvo tiempo de valorar la situación de la parcela y sabía que no había inscripción registral antes de conceder la licencia a la Xunta. Pese a ese conocimiento, otorgó el permiso. Por eso considera «cuando menos discutible» que expresara dudas sobre la titularidad con la licencia ya concedida.
El fallo añade que las suspensiones de licencias otorgadas solo pueden revocarse en determinados supuestos, y que en este caso no se dan. El Tribunal descarta que la medida respondiera a una defensa del dominio público y señala que lo que hubo fueron dudas razonables sobre la titularidad del inmueble.
La consecuencia económica del conflicto es concreta. La Xunta adjudicó la obra del Centro de Asociacionismo con una inversión prevista de unos 20 millones de euros. La anulación de la licencia obligó al Gobierno gallego a resolver el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos. El consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha valorado este martes la decisión del TSJG, que a su juicio da «la razón» al Gobierno autonómico. Calvo ha recordado que la decisión del Ayuntamiento privó a los vigueses, sobre todo a las asociaciones, de una inversión en la ciudad de más de 20 millones de euros y de un espacio en el que poder trabajar.
El consejero ha añadido que están estudiando la posibilidad de reclamar todos los costes que conllevó esa anulación de licencia por parte del Ayuntamiento. Entre esos costes menciona los derivados de la anulación de un contrato que ya había sido licitado, adjudicado y con los gastos asociados a ese contrato, que también ocasionaron costes a la Hacienda Pública.
El precedente de la condena por derechos fundamentales días antes
La resolución del TSJG llega apenas unos días después de que el Tribunal de Instancia de Vigo condenase al Ayuntamiento de Vigo por vulneración de derechos fundamentales de cuatro trabajadores. Ese fallo previo y este del alto tribunal gallego afectan a la misma corporación, presidida por el socialista Abel Caballero, que acumula dos resoluciones judiciales adversas en un intervalo corto de tiempo.
En su día, Caballero justificó la paralización del proyecto acusando al Gobierno gallego de pretender quedarse con una parcela municipal. Anunció que el Ayuntamiento quería ese inmueble para hacer un centro para atender a los vecinos de la zona, aunque nunca presentó el proyecto ni dio más detalles. Ese argumento es el que ahora queda desactivado por la vía judicial, ya que el TSJG concluye que la suspensión de la licencia no tenía cobertura legal.
El conflicto enfrenta a dos administraciones de distinto signo político. La Xunta está presidida por el PP y el Ayuntamiento de Vigo por el PSOE, lo que convierte el litigio urbanístico en un pulso institucional entre ambos niveles de gobierno. La decisión del tribunal devuelve a la Xunta la licencia que había quedado en suspenso y abre la puerta a una reclamación patrimonial por los perjuicios causados.
El caso ilustra un mecanismo habitual en el urbanismo local. Una licencia concedida genera derechos para su titular y su revocación solo procede en supuestos tasados por la ley. Cuando la administración que la otorgó cambia de criterio después, los tribunales exigen que concurra una causa legal específica, no una simple duda sobre la titularidad del suelo. Ese es el razonamiento que ha llevado al TSJG a anular la suspensión y a devolver la situación al momento previo a la decisión municipal.
Queda por concretar si la Xunta formaliza la reclamación de los costes y en qué cuantía. El consejero Diego Calvo ha situado ese paso en fase de estudio. La inversión comprometida, en torno a 20 millones de euros, y la resolución del contrato con la adjudicataria marcan el alcance económico del litigio, que ahora se desplaza del terreno urbanístico al de la responsabilidad patrimonial de la administración local.
