Imanol Pradales acusa a Vox de oponerse a la normalización lingüística tras la anulación del decreto por falta de memoria económica
Imanol Pradales, lehendakari del Gobierno vasco, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló el decreto de normalización del euskera en la Administración pública vasca. La decisión se produjo durante el pleno de control parlamentario, en respuesta a una pregunta de Vox, partido que impulsó el recurso que llevó a la anulación.
El decreto, aprobado en 2024, fue invalidado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por un único motivo técnico: la memoria económica que lo acompañaba adolecía de «insuficiencia sustancial». La sentencia desestimó, además, los argumentos de fondo de Vox, que alegaban inconstitucionalidad por supuesta discriminación hacia los castellanoparlantes.
Pradales defendió que su Gobierno cumplió «todos los controles y procedimientos» al aprobar la norma y advirtió que el recurso busca proteger una medida «nacida para garantizar los derechos lingüísticos». El lehendakari acusó a Vox de estar «en contra del euskera», señalando que todas sus iniciativas buscan «limitar cualquier medida dirigida a la normalización lingüística».
El contexto: un decreto con dos años de tramitación y un fallo técnico
El decreto de normalización lingüística, aprobado en 2024, buscaba establecer reglas claras para el uso del euskera en la Administración vasca, un tema recurrente en el debate político de la región. Su tramitación se alargó durante dos años, con debates parlamentarios y consultas legales previas. La anulación por el TSJPV no cuestionó el fondo de la norma —el derecho a usar el euskera—, sino su justificación económica, un requisito formal que el tribunal consideró incumplido.
La sentencia del TSJPV, publicada la semana pasada, dejó en evidencia la estrategia de Vox: aunque el partido argumentó que el decreto era discriminatorio, el tribunal no entró a valorar ese aspecto. Este fallo técnico —la falta de memoria económica— abre la puerta a que el Gobierno vasco recupere la norma mediante el recurso de casación, un procedimiento que podría alargarse meses o incluso años, dependiendo de la carga de trabajo del Supremo.
Las implicaciones: un choque político y un precedente legal
El recurso al Supremo convierte este conflicto en un nuevo frente político entre el Gobierno vasco y Vox, que ya había impugnado otras medidas lingüísticas en el pasado. Para el Ejecutivo de Pradales, la defensa del decreto es una cuestión de principios: se trata de garantizar el uso del euskera en la Administración, un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la legislación vasca. La acusación de Pradales a Vox —de estar «en contra del euskera»— refleja la polarización en este tema, donde cada partido interpreta la normalización lingüística desde su propia agenda.
Legalmente, el caso podría sentar un precedente sobre cómo los tribunales valoran los requisitos formales en normas lingüísticas. Si el Supremo anula la sentencia del TSJPV, el decreto podría entrar en vigor de nuevo, pero si la confirma, el Gobierno vasco debería reformular la memoria económica para volver a presentarlo. Mientras tanto, la Administración vasca deberá gestionar el uso del euskera sin una norma clara, una situación que podría generar incertidumbre en los empleados públicos y en los ciudadanos.
El plazo para interponer el recurso de casación es de 30 días desde la notificación de la sentencia, por lo que el Gobierno vasco tiene hasta finales de octubre para presentar su escrito ante el Supremo. La decisión final dependerá de si el alto tribunal considera que el fallo del TSJPV fue correcto o, por el contrario, si existe un error jurídico que justifique su anulación.
