La sentencia desestima los argumentos de Vox sobre discriminación lingüística pero confirma un vicio procedimental en el texto aprobado en 2024
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado este viernes el decreto de normalización del euskera en el sector público vasco, aprobado por el Gobierno de Iñigo Urkullu en febrero de 2024. La decisión se basa en un defecto formal: la memoria económica que acompañaba al decreto adolece de «insuficiencia sustancial», según la sentencia, que rechaza los argumentos de Vox sobre su presunta inconstitucionalidad.
El decreto, recurrido por Vox en marzo de 2025, afectaba a más de 140.000 trabajadores —desde empleados públicos hasta personal de empresas privadas contratadas por la administración—. Flexibilizaba los requisitos lingüísticos para acceder a plazas con euskera como lengua oficial y permitía exámenes en euskera en procesos selectivos. El TSJPV desestimó los alegatos de discriminación contra los castellanohablantes por ser «genéricos e imprecisos», pero validó el vicio procedimental en la memoria económica, que no justificaba su impacto presupuestario.
El Tribunal Constitucional ya había inadmitido en julio una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el TSJPV sobre este decreto. La anulación obliga ahora al Gobierno vasco a revisar el texto, aunque no descarta recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.
El decreto fue aprobado por el Gobierno vasco el 22 de febrero de 2024, con apoyo de PNV y EH Bildu. Vox, que impulsó el recurso, había denunciado que la norma vulneraba derechos de los castellanohablantes sin especificar qué artículos concretos del decreto los lesionaban.
Además de los cambios en los requisitos de competencia lingüística, el decreto ampliaba las formas de acreditar el dominio del euskera, introduciendo nuevas modalidades de certificación y permitiendo que los exámenes se realicen en euskera en los procesos selectivos para plazas que tengan esta lengua como preceptiva. Esta medida buscaba facilitar la incorporación de personal con competencias lingüísticas adecuadas al sector público, aunque su falta de justificación económica contribuyó al fallo del TSJPV.
